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Salvador Rocha Díaz, abogado de Grupo México, pidió al gobierno federal y a las autoridades judiciales aplicar la ley al dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, quien con tres órdenes de aprehensión en su contra, dijo, evade la justicia a base de chantajes y amenazando con estallamiento de huelgas.

Gómez Urrutia, sostuvo Rocha, ha presionado con la negativa de suspender el paro de actividades en las minas de Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, que ayer cumplieron un año en conflicto.

El dirigente sindical ha dicho que se reanudarán las actividades con normalidad a cambio de que se eliminen las órdenes de aprehensión que hay en su contra, pese a que la empresa cumplió con la demanda que desató las huelgas de atender sus reclamos de seguridad e higiene en esos lugares, explicó.

En entrevista, el ex legislador y ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Salvador Rocha, lamentó que no se haya ejercido acción penal en contra del líder minero, no obstante la existencia de órdenes de aprehensión por fraude de 55 millones de dólares que pertenecían a un fideicomiso minero y que están radicadas en el Distrito Federal.

Comentó que Grupo México, que encabeza Germán Larrea Mota Velasco, pide que se ejerciten las órdenes de aprehensión, que en total son cuatro. Una de ellas está radicada en el Juzgado 51 penal del Distrito Federal en contra de Héctor Félix Estrella, ex tesorero del sindicato, y de José Ángel Rocha Pérez, ex secretario del Interior, Exterior y Actas.

Otra se inició en Sonora y está también en el Juzgado 51 penal en el Distrito Federal en contra de Napoleón Gómez Urrutia. Una más fue promovida en San Luis Potosí, y ahora en la ciudad de México en el Juzgado 18 de lo penal. Y la cuarta está en el Juzgado 32 en la capital del país, también en contra de Napoleón Gómez y Héctor Félix Estrella.

Rocha Díaz insistió en que debe aplicarse la ley y paralelamente terminar con las tres huelgas que no sólo afectan a la empresa Minera México, sino la vida económica de las regiones donde están ubicadas y al país.

Precisó que tan sólo Mexicana de Cananea registró pérdidas por mil 300 millones de dólares por concepto de ventas no realizadas.

Tan sólo en el municipio de Cananea y Sonora, la población resiente la pérdida de 220 millones de pesos en derrama económica y el cierre de empresas de proveedores.

Destacó que por sus implicaciones penales, fiscales, administrativas y políticas, el conflicto rebasa el área de competencia de la Secretaría del Trabajo, por lo que consideró necesario que otras áreas de gobierno actúen con base en sus responsabilidades.