La Corte Internacional de Justicia (CIJ) decidió que Estados Unidos había violado la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares al no informarle a 51 mexicanos que tenían derecho a contactar a sus consulados después de ser detenidos. La Corte ordenó a EU “revisar y reconsiderar las condenas y sentencias” de estas personas. Cuatro años más tarde, Estados Unidos no lo ha hecho en la gran mayoría de los 51 casos.

Un principio rector y obligatorio de derecho internacional, previsto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, es que los Estados no pueden invocar su derecho interno como justificación para incumplir sus obligaciones.

Los representantes de Estados Unidos reconocieron ante la CIJ que, conforme al derecho internacional, el gobierno es responsable por las acciones de sus “autoridades federales, estatales y locales.”

El gobierno de Bush debe encontrar la fórmula para acatar el fallo. Una alternativa es la aprobación de legislación federal que aplique la sentencia. El representante Howard Berman presentó un proyecto de ley con este fin que está siendo considerado por el Comité Judicial de la Cámara Baja.

La tarea impuesta por la Corte es garantizar el pleno cumplimiento de su más reciente decisión, independientemente del lugar donde se encuentre el amparado. Difícil tarea para una administración que concluye con una gran pérdida de legitimidad y poca credibilidad en esta materia, tanto hacia afuera como hacia adentro.

* Director ejecutivo de Human Rights Watch