El Instituto Federal Electoral (IFE) intervendrá, incluso con el apoyo de la fuerza pública, a los partidos políticos que pierdan su registro, con el fin de garantizar que los bienes del organismo político no sean vendidos, hipotecados o donados.

Además, el IFE volverá “líquido” todo el patrimonio del partido para venderlo y así cumplir con las obligaciones laborales, pagar multas impuestas por las autoridades electorales, cubrir compromisos con proveedores y, si sobra algo, reintegrarlo a la Federación.

Se cancelarán cuentas y cheques; si un partido tiene dinero en varias cuentas, se transferirá a una sola que servirá como cuenta concentradora de los recursos que serán vertidos durante el proceso de liquidación de su patrimonio y pago de compromisos laborales y administrativos, etc.

“El interventor y sus auxiliares tendrán acceso a los libros de contabilidad, registros y balanzas de comprobación del partido político, así como a cualquier otro documento o medio electrónico de almacenamiento de datos que le sean útiles para llevar a cabo sus funciones”.

El Reglamento para la Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su registro establece que un “interventor”, desde el momento de declararse el fin de la existencia de un partido, se hará cargo de su administración total.

“Si el partido político a través de sus funcionarios, empleados o terceros se opusieran u obstaculizaran el ejercicio de las facultades del interventor, el presidente del Consejo General (del IFE), a petición de aquél, podrá solicitar auxilio de la fuerza pública”, apunta el proyecto.

Si un partido quiere disolverse deberá informarlo de inmediato al IFE pues, de lo contrario, la Unidad de Fiscalización del instituto lo intervendrá. Sus ministraciones por financiamiento público serán retenidas y eventualmente serán utilizadas para pagar multas.

El documento fue aprobado por el Consejo General del IFE dentro de una lista de casi 20 nuevos reglamentos internos que se analizaban para lograr que el instituto cumpla con lo dispuesto por el Cofipe y atender las nuevas atribuciones derivadas de la reforma electoral de 2007.