En los últimos dos años, el gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, viajó más veces al Distrito Federal que a los municipios de esa entidad, para seguir de manera personal el caso contra la periodista Lydia Cacho, que de acuerdo con datos de su Consejería Jurídica del estado no implicó daño al erario.

En sus traslados, Marín Torres se reunió, como lo ha reconocido, con todos los ministros, representantes de medios de comunicación y distintos bufetes de abogados, que en su mayoría cobran sus servicios por hora. Sin embargo, Ricardo Cruz Velázquez afirmó, antes de dejar el cargo de consejero jurídico del gobierno de Marín Torres, que abogados como Alonso Aguilar Zínzer o Fabián Aguinaco Bravo “colaboraron gratuitamente en su afán por defender el estado de derecho”.

Afán defensor

El 9 de febrero pasado, Ricardo Cruz Velázquez, sentado frente a los legisladores de la Comisión de Gobernación del Congreso de Puebla, todavía como consejero jurídico, escuchaba las preguntas del coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Rivera:

—¿Cuántos abogados trabajaron en este asunto, cuántas veces a la semana se trasladó (Marín Torres) al DF, utilizando el helicóptero del gobierno del estado para atender este tema?

—No tuvo ningún costo porque yo no cobro. Yo recibo un salario y de eso es de lo que vivo, pero en este caso no cobré —afirmó el entonces funcionario poblano.

Vacas, leyes y despido

Cruz Velázquez ignoró el resto de los cuestionamientos de los legisladores, aunque retomó uno sobre el retraso en la publicación de la Ley Ganadera:

—Como yo no sé de vacas, tampoco los campesinos saben de leyes, entonces es un asunto de coordinación (…) hay que tener incluidos a los que saben” —aseveró con sorna.

Tras sus declaraciones, el gobernador Mario Marín lo cesó del cargo apenas un par de horas después, aunque su renuncia se hizo oficial hasta el 19 de febrero en la Consejería Jurídica poblana.