El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) otorgó de manera directa un contrato a Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas, con base en la legislación que se lo permite cuando se trata de obras de arte o bienes y servicios exclusivos con registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Sin embargo, la consultoría obtuvo el registro 03-2007-071314415500-01 en el Instituto Nacional del Derecho de Autor el 7 de agosto de 2007, a pesar de que el contrato con el Cisen lo firmó el 1 de agosto, según los documentos entregados a EL UNIVERSAL con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, citado en el contrato, prevé 18 supuestos para aceptar una adjudicación directa.

La fracción I del artículo 41, que invocó el Cisen, se refiere a la posibilidad de no licitar cuando se trate de “obras de arte o de bienes y servicios para los cuales no existan alternativos o sustitutos técnicamente razonables, el contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona porque posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos”.

Para ello, el mismo acuerdo revela que la consultoría obtuvo el registro del Instituto del Derecho de Autor el 7 de agosto de 2007 para la titularidad del Sistema Automatizado de Análisis y Procesamiento de Información Legislativa, que fue base del contrato.

Con esto cubrieron casi al mismo tiempo lo señalado por la ley de Adquisiciones respecto a la celebración de contratos con quien posee titularidad o licencia exclusivas de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos.

El Cisen pagó un millón de pesos, más IVA, a Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas, que dirige Laura Ballesteros, “para consulta de la información sobre el Legislativo (sic) y su actualización continúa en la herramienta automática (base de datos), las 24 horas del día los siete días de la semana”.

La adjudicación directa, señala el documento, fue “con fundamento en los artículos 25, 26 fracción III, 40 y 41 fracción I de la Ley de Adquisiciones”. La contratación debió ser autorizada por Gobernación, según el artículo 25 de la ley sostén del convenio.