La comandancia general del Ejército Popular Revolucionario (EPR) acusó al gobierno federal de cometer crímenes de lesa humanidad al haber detenido ilegamente, y no presentar con vida, a sus compañeros Edmunado Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca.

En un comunicado dirigido a la comisión de mediación integrada por Miguel Ángel Granados Chapa, Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor y Samuel Ruiz García, el grupo guerrillero acusa que “la resistencia del gobierno federal a no reconocer que nuestros compañeros desaparecidos forman parte de lo que constituye desaparición forzada y por lo tanto crimen de lesa humanidad, y que nada más reconoce que sólo son personas secuestradas, para nosotros es inaceptable”.

El EPR reitera que “nuestros compañeros fueron detenidos por fuerzas policiaco-militares del Estado mexicano, independientemente de la instancia o institución que haya participado, estos son los autores materiales pero los autores intelectuales es el gobierno federal representado por Felipe Calderón que ha solapado y busca ganar tiempo para seguir haciéndolo con el gobierno de Ulises Ruiz para presentarse los dos en la Guelaguetza como si nada pasara en el país, cuando no ha dejado de haber represión y mostrarle al pueblo de Oaxaca que aunque Ulises sea un represor y asesino, lo apoya”.

El EPR refiere que hay omisiones en torno a la investigación que se debería llevar a cabo sobre la desaparición de sus compañeros, y acusa que “ni si quiera han llamado a declarar al teniente de navío Manuel Moreno Rivas y al teniente de fragata José Manuel Vera Salinas, que son parte de un grupo paramilitar desde el tiempo de José Murat, los dos pertenecen al Cisen y que no diga Guillermo Valdés (director del Centro) que ya no son o que han renunciado, siguen en activo”.

Añade que “Vera Salinas fue el que asesinó al comisariado ejidal y al médico en San Blas Atempa, Oaxaca, por lo cual una de sus recompensas fue una camioneta del año”. Revela que “después de la desaparición de nuestros compañeros descaradamente sigue siendo protegido por el gobierno federal y se va como jefe de la policía y tránsito de Cancún, Quintana Roo, y su esposa se muda al puerto de Veracruz”.

El EPR acusa que “no basta tampoco con el retiro del subsecretario de la Defensa Nacional, general de división Tomás Ángeles Dauahare, ni la del general Alfredo Oropeza de la 28 zona militar con sede en Oaxaca. ¿Acaso ya se olvidó que el general Oropeza fue quien personalmente torturó en Guerrero, después de la matanza de El Charco, a Érika Zamora?, ¿acaso por eso lo jubilaron?”.