La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) solicitó desde febrero pasado, a un juzgado del fuero común de Cancún, seis órdenes de aprehensión contra implicados en las violaciones a las garantías de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, sin que hasta ahora el Poder Judicial haya resuelto si concede o no los mandatos judiciales.

Se consignó al empresario Kamel Nacif Borge por el delito de tráfico de influencias, así como a cinco agentes judiciales de Puebla, a quienes se les imputó, además de ese cargo, el de tortura, revelaron autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR).

La periodista fue detenida el 16 de diciembre de 2006 en Cancún, Quintana Roo, desde donde fue trasladada a la ciudad de Puebla y recluida unas horas en el penal de San Miguel.

Tras lo anterior, se desató un escándalo que involucró al gobernador Mario Marín Torres, al empresario Kamel Nacif y a otros personajes en un presunto complot para detener a la periodista —quien denunció casos de abuso infantil en su libro Los demonios del Edén. El poder detrás de la pornografía infantil—, diligencia en la cual la autora habría recibido maltrato y tortura sicológica.

En 2006 la PGR inició una averiguación sobre el caso y, no obstante que ya concluyó y se consideró que existían elementos para solicitar la captura de los presuntos responsables, las autoridades de la FEADP han tenido que librar una batalla legal ante tribunales para que su solicitud de consignación sea atendida.

Después de dos años de investigaciones sólo se encontraron evidencias para consignar a Nacif Borge, el llamado Rey de la Mezclilla, y a los agentes que participaron en la detención y no así contra el gobernador Mario Marín.

Sin embargo, el Juez Primero de lo Penal del fuero común en Cancún, al recibir la petición de la PGR, se declaró incompetente, por lo que el caso se turnó a un segundo juzgador que también declinó conocer del expediente y entonces fue necesario que un tribunal colegiado resolviera que el primer juez será quien deberá decidir si concede o no las órdenes de captura.

Aunque el expediente regresó a principios de abril al Juzgado Primero de lo Penal, el titular sigue analizando el pliego de consignación y aún no determina si existen o no evidencias contra Nacif Borge y los agentes judiciales, que en este tiempo pudieron incluso ampararse.

En medio del embrollo entre juzgadores, el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Juan de Dios Castro Lozano, sostuvo que para la dependencia el caso Cacho se cerró con las órdenes de aprehensión solicitadas. El funcionario acudió a la ciudad de Puebla a un foro sobre el mercado laboral infantil. (Con información de Blanca Patricia Galindo, corresponsal)