Como parte de la reforma del Estado, los legisladores y el gobierno federal llegaron a un primer acuerdo para permitir que el Congreso ratifique al secretario de Relaciones Exteriores, y analiza que esa facultad también se aplique al secretario de Hacienda y de Desarrollo Social.

Con el fin de evitar la falta de experiencia o los amiguismos, los legisladores de PAN, PRD y PRI tienen un primer acuerdo para ratificar al canciller, y se negocia el aval al secretario de Hacienda.

Además, se buscan consensos para que el Senado tenga voz en la designación de los titulares de las comisiones Federal de Competencia, Federal de Telecomunicaciones, Federal de Mejora Regulatoria y Reguladora de Energía.

Lo que sí está entrampado es la posibilidad de que el Congreso tenga opinión sobre el secretario de Desarrollo Social, pues desde la Presidencia se insiste en que es un cargo que atiende programas de Estado adheridos a cada sexenio.

El diputado del PRI Carlos Chaurand confirmó que se avanza en el consenso de las reformas constitucionales, y que saben por medio del PAN, que la Presidencia está de acuerdo con esa nueva ratificación.

La última propuesta sobre la reforma al artículo 76 constitucional es:

“Son facultades exclusivas del Senado: ratificar los nombramientos del secretario de Hacienda y Crédito Público, secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Desarrollo Social, el Procurador General de la República, ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, y de los titulares e integrantes de las Comisiones Federal de Competencia, Federal de Telecomunicaciones, Federal de Mejora Regulatoria y Reguladora de Energía, en los términos que la ley disponga”.

Plan Nacional de Desarrollo

Se cabildea que el Congreso “conozca”, “participe”, o “apruebe” el Plan Nacional de Desarrollo de cada Presidente de la República, lo que parece que no avanzará, pues para los priístas “es convertirnos en parte de un programa de metas, y con ello ser responsables también de su cumplimiento”, dijo Chaurand.

El diputado del PRI integrante de la Comisión para la Reforma del Estado y presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de San Lázaro, informó que hoy por hoy se debate sobre tres fechas en que comparecería el Presidente de la República por el informe presidencial que entregaría el 1 de septiembre sólo por escrito: marzo, abril o septiembre.

Quitar lastre a la Corte

Por otra parte, la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) busca quitarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su facultad de investigar asuntos relacionados con delitos que, en opinión de diputados, corresponden a la PGR.

La Corte ha tenido en sus manos investigaciones de primer nivel como la de la presunta violación de derechos humanos de parte de Mario Marín, gobernador de Puebla, contra la periodista Lydia Cacho.

El presidente de la comisión encargada de Justicia, el priísta César Camacho, aseguró que se necesita quitarle a la Corte “un lastre, que es en el que se ha convertido la facultad de investigación por eventual violación de garantías, esta tarea no le toca al Poder Judicial de la Federación, le toca a la Procuraduría General de la República, le toca a la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.

En tanto, el grupo de trabajo sobre derechos civiles y políticos de la CENCA avaló la propuesta de reformas a los artículos 40 y 130 de la Constitución para delimitar y establecer que México es una República laica.

Y añade la figura de las asociaciones religiosas, “las Iglesias, asociaciones y agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley”.