El presidente Felipe Calderón autorizó el envío de fuerzas especiales del Ejército a Reynosa, Tamaulipas, uno de los principales bastiones del cártel del Golfo y de su brazo armado, Los Zetas.

La decisión fue tomada horas después de que el mandatario reconoció que el narco se ha infiltrado en la política del país.

Las organizaciones del narcotráfico han logrado establecer en Reynosa una alianza con las fuerzas policiacas, y las autoridades federales tienen indícios de que han buscado penetrar el ámbito político.

Durante la presentación del Plan Sectorial de Justicia, Seguridad y Política Exterior, el Presidente advirtió que los grupos criminales pretenden “tomar el control” de las autoridades mediante la intimidación o la corrupción.

Calderón solicitó el respaldo de los partidos políticos “sin excepción”, de los legisladores, federales y locales, así como de los alcaldes, para no permitir que ese fenómeno se generalice o materialice.

“No nos vamos a dejar intimidar, no vamos a dar marcha atrás en la lucha que libramos contra la delincuencia y el crimen organizado, porque sabemos lo que está en juego”, dijo ante los secretarios de Gobernación, Defensa, Marina, Seguridad Pública, Función Pública, Relaciones Exteriores y el procurador de la República.

Pidió cerrar el paso “de manera categórica y contundente a cualquier intento de participación del crimen organizado en la vida política del país”.

Admitió que el fenómeno se da —según información pública— al grado de que intimidan a candidatos, imponen a otros, se financian campañas con dinero del narco y hasta pretenden inhibir recursos de impugnación electoral.

“Desde la lógica de impunidad que necesita precisamente el crimen organizado, en su desesperación por mantener estos márgenes de libertad, han puesto una estrategia que busca generar una red de protección política y policíaca en los niveles de autoridad, particularmente en las autoridades que son más vulnerables”, explicó.

El pasado jueves, en Río Bravo —a unos 40 kilómetros de Reynosa— fue asesinado a tiros por un comando José Antonio Guajardo Anzaldúa, ex alcalde de esa localidad, quien denunició vínculos entre políticos y narcotraficantes en el estado.

En su discurso, Calderón retomó el tema de esta ejecución, en la que también perdieron la vida otras cinco personas, entre ellas dos agentes federales que escoltaban a Guajardo.

“Es del conocimiento público que en algunos procesos electorales registrados este año en el ámbito local, como en el que recientemente participó este tamaulipeco como candidato, se han dado reportes en medios de comunicación de presuntas intervenciones del crimen organizado en la selección de candidatos, en la inhibición intimidatoria de la participación de otros, en el financiamiento de campañas e, incluso, en la inhibición de recursos de impugnación electoral”.

El pasado 11 de noviembre, en medio de señalamientos sobre la infiltración del narcotráfico en campañas políticas, se realizaron elecciones en el estado para renovar el Congreso y las alcaldías de los 43 municipios.

En las últimas semanas Tamaulipas se ha convertido en el teatro de operaciones de una batalla entre las autoridades federales y los grupos del narcotráfico asentados en ese estado.

En Tamaulipas han muerto asesinadas 250 personas, 50 de ellas en homicidios relacionados con el narco.

En poco más de un mes se han dado en ese estado, gobernado por Eugenio Hernández Flores, desde el aseguramiento de uno de los mayores cargamentos de cocaína en la historia —12 toneladas—, hasta una emboscada preparada presuntamente por Los Zetas contra marinos de élite.

El pasado mes de julio, 18 policías municipales de Reynosa fueron detenidos y acusados de brindar protección a Los Zetas.

Calderon agregó que, independientemente de la necesidad de verificación de las versiones que apuntan a una presión o infiltración del narco en política “y de su condición de excepcionalidad en el marco institucional de los procesos electorales, es indispensable actuar de inmediato para impedir que estos comportamientos se materialicen o se generalicen”.

Añadió que “ni las autoridades federales ni las locales debemos permitir que este tipo de actos queden impunes” y advirtió que para la lucha contra la delincuencia organizada se fortalecerán las instituciones encargadas de la seguridad.

Además de la información pública citada por el Presidente, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, aseguró que la dependencia a su cargo tiene indicios de la penetración del narcotráfico en los recientes procesos electorales de los estados de Michoacán y Tamaulipas.

“Evidentemente hay una circunstancia en las elecciones locales que hemos registrado recientemente, tanto en Michoacán como en Tamaulipas, en los cuales hay indicios de que hay una penetración del narcotráfico y esto es lo que tenemos que evitar”.

Por su parte, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, indicó que los narcos “buscan tener acceso a la vida política vía candidaturas, o gente que pueden ellos fomentarle su apoyo económico”.

El secretario señaló que en el caso concreto de Tamaulipas, se va a reforzar el operativo conjunto y las labores de inteligencia.