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A partir de este día, cuando la Suprema Corte otorgue un amparo a un soldado, todos los juzgados federales estarán obligados a amparar de inmediato a los militares que las Fuerzas Armadas coloquen en situación de inutilidad por haber adquirido, fuera de servicio, VIH-sida.

Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgará a un militar el quinto amparo que se requiere para establecer una tesis jurisprudencial en la que se declare inconstitucional el apartado de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas que permite que el Ejército y la Armada puedan dar de baja a elementos que son portadores del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

El pasado 27 de febrero la SCJN declaró inconstitucional, por ocho votos contra tres, el artículo 226, numeral 45, de la Ley del ISSFAM, que permite enviar al retiro a los militares que resulten positivos en la prueba del VIH, por considerarlos "inútiles para el servicio".

Los ministros que apoyaron la decisión fueron José Ramón Cossío, Margarita Luna, Fernando Franco, José de Jesús Gudiño, Sergio Valls, Olga Sánchez, Juan Silva y Guillermo Ortiz. Y quienes votaron en contra: Genaro Góngora, Sergio Aguirre y Mariano Azuela.

Pero la Corte sólo amparó a cuatro militares que impugnaron esta norma vigente desde 2003 y se requería contar con cinco casos para establecer jurisprudencia, es decir, un criterio que resultara obligatorio para todos los jueces del país a fin de evitar que este tipo de asuntos tuvieran que seguir llegando hasta la SCJN.

Y el quinto caso, en el que se impugna dicha ley, fue programado por la Corte para ser resuelto en la sesión de este martes.

El criterio que emitirá la Corte a partir de este último caso no dejará sin efecto la ley, por lo que las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional podrán seguir aplicándola, pero les otorgará un medio de defensa a todos los militares para que hagan uso de él en caso de que se les quiera dar de baja por padecer este mal.

Esta medida, incluida en la ley, sólo puede ser eliminada mediante una reforma que realice el Congreso de la Unión, porque las declaratorias que hace la Corte en juicios de amparo sólo benefician a quienes promueven este tipo de juicio, y se le puede seguir aplicando a quien no sepa que tiene este medio de defensa.

Sólo de esta forma, aseguran autoridades judiciales, se evitará que continúen los abusos en contra de militares con VIH, porque según información oficial, la Sedena sólo ha reinstalado a uno de los militares que amparó la Corte.

En el caso de un marino amparado por la Corte, la Armada de México informó al juez que la persona fue considerada desertor.