Los 205 millones de dólares asegurados a Zhenli Ye Gon sí constituían una prueba en su contra, por lo que la decisión del gobierno federal de repartirlos no fue legal, afirmaron los abogados penalistas Raúl Guerrero Palma y Xavier Olea Peláez.

En entrevistas por separado, ambos abogados consideraron que no es válida la explicación del director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Luis Miguel Álvarez Alonso, sobre los motivos para distribuir el dinero asegurado, pues dijo que de acuerdo con el Ministerio Público, el dinero había causado abandono en favor del gobierno federal y debía repartirse entre la PGR, el Poder Judicial y la Secretaría de Salud.

Al respecto, los penalistas recordaron que existe una orden de aprehensión contra Ye Gon por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), entre otros delitos, y que el monto asegurado es, precisamente, una evidencia dentro de esa acusación.

Por ello, el gobierno federal no puede disponer de los recursos sin una sentencia definitiva que determine la culpabilidad de Ye Gon en dicho delito, como lo establece la Constitución.

En caso contrario, los 205 millones de dólares deben ser entregados a quien acredite ser el propietario.

Para Olea Peláez, el director del SAE incurrió en el delito de peculado al disponer del dinero sin una resolución judicial.