El gobierno mexicano se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a impulsar una legislación acorde con los estándares internacionales en materia de medios de comunicación electrónicos, y a rediseñar la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas.

Además, aceptó que el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH visite el país en los próximos meses, a fin de constatar la situación de riesgo para el ejercicio de esta garantía fundamental que prevalece en México, informaron representantes de organizaciones civiles en conferencia de prensa.

Aleida Calleja, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) sección México; Balbina Flores, corresponsal de Reporteros Sin Fronteras, y Ricardo González, de la organización Artículo 19, explicaron que el gobierno mexicano asumió esos compromisos el 18 de julio pasado.

Durante una audiencia sobre libertad de expresión celebrada en esa fecha en la sede la CIDH, en Washington, los representantes del gobierno mexicano reconocieron “la grave situación en que se encuentran los periodistas y medios de comunicación para ejercer su trabajo”.

También admitieron la necesidad de un marco normativo de medios electrónicos apegado a los estándares internacionales, por lo que se comprometieron a realizar “todas las medidas necesarias para esclarecer los asesinatos, desapariciones y las agresiones en contra de periodistas”, explicó Aleida Calleja.

Para ello, precisó, se estudiarán las medidas necesarias para fortalecer a la Fiscalía Especial de delitos contra Periodistas y la atracción federal de los delitos en contra de periodistas.

Los compromisos incluyen la presentación de un informe sobre las investigaciones de delitos contra periodistas, que deberá presentarse a la CIDH en los próximos meses, y la visita del relator especial, que podría realizarse en el mes de septiembre, precisaron.

Sobre la nueva legislación en materia de medios electrónicos, destacaron que el Estado mexicano manifestó su interés de garantizar el reconocimiento de los medios comunitarios en el nuevo marco normativo, así como de los estándares internacionales en la materia.

Para ello, se comprometió a aceptar el acompañamiento puntual de la CIDH en el proceso legislativo de la nueva ley de medios electrónicos.