Desde febrero del año pasado, el Congreso de la Unión autorizó crear el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, al cual se deben destinar los intereses que generan todos los bienes asegurados dentro de un juicio, pero como hasta la fecha la fiscalía no puso a disposición de ningún juez ese dinero se ignora el fin de los réditos generados por esos recursos.

Según el último informe del Fondo de Apoyo para la Administración de la Justicia, éste cuenta a la fecha con 60 millones 208 mil 60 pesos con 75 centavos. Esa cantidad pudo incrementarse drásticamente por los intereses que habría generado a este fondo el dinero asegurado a Ye Gon en su residencia de Sierra Madre 515.

El Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales del estado de México solicitó un informe a la PGR sobre el destino de los 205 millones de dólares asegurados, dinero que el pasado miércoles la fiscalía consideró que pasará a ser propiedad de la nación, pues nadie lo reclamó durante 90 días y que los defensores del empresario demandarán judicialmente.

De hecho, el juez cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, Gerardo Eduardo García Anzures, dio a la PGR un plazo de 10 días para entregar el informe sobre los 205 millones de dólares y que diga dónde están otros 100 mil dólares y joyas que aseguró el Ministerio Público de la Federación al catear la residencia del hoy prófugo, el 15 de marzo.

Cabe destacar que el artículo 182 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que todo el numerario asegurado por el Ministerio Público debe ser depositado en la Tesorería de la Federación. De acuerdo con los reportes de la PGR ante el citado juzgado encargado del proceso de Zhenli Ye Gon y sus coacusados, el dinero se trianguló entre el Banco del Ejército y el Banco Santander para ser enviado al Bank of America, donde se encuentra físicamente.

El citado fondo creado en reconocimiento a la necesidad de que el Poder Judicial de la Federación contara con más recursos. Por eso, el Congreso de la Unión emitió y publicó un decreto 14 de febrero de 2006 que adicionó un artículo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En este decreto se prevé que el propio Poder Judicial Federal para el mejor desempeño de sus funciones se auxiliará de un fondo económico para el mejoramiento de la administración de justicia, cuyos recursos financieros serán administrados por el mismo. De igual forma, se contempla que este fondo se formará de recursos ajenos al de su presupuesto, como pueden ser donaciones, aportaciones y por los intereses generados de los bienes asegurados puestos a disposición de los jueces.

En la ley, se prevé que el fondo deberá invertir esos recursos en valores de renta fija del más alto rendimiento, siempre que permitan la disponibilidad inmediata de las sumas que resulte necesario reintegrar a los depositantes o entregar a los particulares que tengan derecho a ellas.

También hay lineamientos que determinan los procedimientos para que los órganos jurisdiccionales canalicen al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia canalizar los depósitos en valores o en dinero.