La PGR informó que “no están detenidos ni sujetos a proceso penal” bajo jurisdicción federal. Añadió que tampoco se ha podido acreditar “hasta el momento” que las dos personas, supuestamente desaparecidas desde el 25 de mayo, estén en prisiones municipales o estatales.

El EPR se atribuyó el martes cuatro explosiones en gasoductos de Pemex y amenazó con nuevas “acciones quirúrgicas de hostigamiento” para presionar por la aparición con vida de sus dos militantes

En un comunicado conjunto la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública federal aseguraron que los presuntos integrantes del EPR, Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez “no están detenidos ni sujetos a proceso penal alguno que competa a la jurisdicción del agente del Ministerio Público federal ni a ninguna otra autoridad federal o a los centros federales de reclusión”.

Las autoridades federales, como lo hizo el martes el gobierno de Oaxaca, se deslindaron así de conocer el paradero o de estar implicados en la desaparición de los supuestos integrantes del EPR.

Acusa EPR a funcionarios

En un parte militar emitido el martes por el Partido Democrático Popular Revolucionario-EPR, el grupo subversivo se adjudicó la autoría de las cuatro explosiones registradas en instalaciones de Pemex en los estados de Guanajuato y Querétaro, ocurridas los días 5 y 10 de julio.

La campaña, dijo, es para exigir la liberación de sus compañeros, desaparecidos desde hace 47 días; por lo que en su pronunciamiento político, el EPR acusó directamente a funcionarios locales y federales del destino de los eperristas.

El grupo asegura que sus compañeros fueron detenidos el 25 de mayo pasado y durante 10 días estuvieron en la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, “siendo golpeados despiadadamente hasta fracturarlos”.

De estos hechos, acusa el EPR, tienen conocimiento el procurador del estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez; Miguel Ángel Quezada Colombo, coordinador regional de la PFP en la entidad; Francisco Garduño Juárez, coordinador regional de la AFI, así como el gobernador Ulises Ruiz, “aunque lo niegue mil veces”.