LOS ÁNGELES, Cal.- Gregory Boyle es el Indiana Jones de la redención pandilleril. Un sacerdote jesuita de casi dos metros de estatura que viste pantalones caqui y camisas holgadas para moverse entre las violentas calles y avenidas del este de Los Ángeles.

Detrás de la fachada de su organización -Home Boy Industries- busca la cura contra la enfermedad de la exclusión, la marginación y la violencia.

"Se necesita mucha paciencia. Mucho amor y compasión. Pero a todo pandillero que viene a mí, le digo que yo no los voy a salvar de sí mismos. Sólo puede salvarse aquel que realmente quiera salir de ese circulo vicioso de violencia y autodestrucción", dice el padre.

Dueño de una habilidad para mantener la calma cuando todo a su alrededor parece estar resquebrajándose, el padre Boyle se ha ganado a pulso el sobrenombre de "El jefe" o de "Big G. Dog".

Su trabajo, desde unas oficinas de aspecto desgastado, le ha valido el reconocimiento de una larga lista de organizaciones que alaban su esfuerzo en medio de una guerra permanente por el control de las calles y la distribución de droga.

"No ha sido fácil si tenemos en cuenta que, desde que fundamos esta organización en 1988, se nos han muerto 158 muchachos. Pero seguimos adelante porque no estoy dispuesto a seguirlos enterrando sin hacer nada por ellos", asegura mientras avanza a grandes zancadas entre un paisaje dominado por cráneos rapados, tatuajes y cicatrices.

"Hace pocos meses enterramos a dos de nuestros muchachos que participaban en un proyecto para borrar graffities. Pero, tras su muerte, decidimos abandonar ese trabajo y nos hemos concentrado en otros talleres", asegura el padre Boyle al enumerar una larga lista de proyectos de reinserción social que consumen poco más de 5 millones de dólares de presupuesto anual.

Pero de acuerdo con cálculos elaborados por el Instituto de Justicia Vera -como parte de un diagnóstico solicitado por las autoridades del condado- la violencia de las pandillas se traduce en un costo anual aproximado de mil 145 millones de dólares.

"Comparado con éstas cifras monstruosas, que suponen gastos en agentes de policía, procesos judiciales, gastos médicos, encarcelamiento e indemnización de víctimas, la labor del Padre Boyle, aunque encomiable, resulta insuficiente", aseguró Randy Jurado, director ejecutivo del Centro de Acción Social de Pasadena, una organización no lucrativa que busca a congresistas para impulsar programas de ayuda y asistencia entre los jóvenes.

"En California se construyen más cárceles que escuelas y, según los cálculos de la policía, en Los Ángeles hay más de 400 pandillas con más de 65 mil miembros en activo. Y la solución a éste fenómenono pasa por acciones de carácter policial. No pasa por una estrategia de prevención e intervención que ofrezca alternativas y salidas a nuestros jóvenes", asegura Jurado.