En la lista de peticiones hay de todo, desde la revisión a la gestión de Francisco Gil Díaz, cuando estaba al frente de Hacienda en el gobierno de Vicente Fox, y todo acerca de los beneficios que otorgó a sus familiares con agencias aduanales.

Incluso, se pidió una auditoría a los gastos de transición y una revisión al funcionamiento de la Confederación Deportiva y a la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

La Cuenta Pública 2006 deberá ser entregada al Congreso de la Unión antes del 10 de junio próximo, para encauzarla hacia la ASF y llevar a cabo un proceso de fiscalización de 5% del universo de recursos.

Será el máximo órgano fiscalizador el cual decida qué auditorías proceden y cuáles no, ya que se tiene una base de proyectos de fiscalización que deben apegarse a algunos criterios, como que el ente auditable administre recursos federales.

En la lista también se encuentran solicitudes para auditar a las cámaras de Diputados y Senadores, los gastos de Comunicación Social de la Presidencia de la República y el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

También la inversión de los Proyectos con Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas), y el costo financiero de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, el rescate carretero, Aduanas, y el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), además de una fiscalización especial a los 25 ayuntamientos con más población en el país y los recursos transferidos a los estados vía Ramo 33.

En el documento se encuentran auditorías a aeropuertos, en especial, al de la ciudad de México, a los programas de Escuelas de Calidad de la SEP, y a la Megabiblioteca.

Los diputados solicitaron una evaluación integral a los órganos autónomos como el IFE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en lo que respecta a salarios y prestaciones de sus trabajadores.

Sobre las conclusiones de la revisión de las auditorías a la Cuenta Pública 2005, la comisión de Vigilancia entregará el reporte el 21 de junio.