El hecho de que por encima de la función social prevalezca el criterio económico en las licitaciones para adquirir nuevos canales favorece el acaparamiento de los medios de comunicación masiva en grupos económicamente poderosos, con lo cual se impide la participación plural y el ingreso de nuevos participantes en este mercado.

Esto obstaculiza "el desarrollo integral, plural, democrático de la sociedad mexicana", agrega el documento propuesto por el ministro en el que resuelve sobre el proceso promovido por 46 senadores de la legislatura pasada.

"Al privilegiarse el elemento meramente económico para la obtención de una concesión para la prestación de servicios de radiodifusión, se demerita la trascendental función social que a través de la radio y televisión abierta debe llevarse a cabo", sostuvo.

Favorecen monopolios

Si bien es cierto que a través de una licitación pública se elimina la discrecionalidad con la que anteriormente se otorgaban estas concesiones (debido a que se hacía de manera directa), la modalidad de subasta pública que contempla la ley no propicia una sana competencia, sino que por el contrario, se favorece indirectamente la creación de monopolios, señaló el ministro ponente.

Para sustentar esto, Aguirre Anguiano también retomó los argumentos expresados por senadores como Manuel Bartlet, Héctor Michel Camarena y Javier Corral, quienes durante la discusión de las reformas en el Senado se manifestaron en contra del sentido del artículo 17 de la Ley Federal de Radio y Televisión que se refiere a las subastas para la adquisición de concesiones.

Pero además esta modalidad de subasta no se contempla para el caso de los operadores de servicios de telecomunicaciones que también necesitan frecuencias del espectro para dar sus servicios, lo cual también propicia un tratamiento diferente entre las dos industrias, destacó el ministro.

Con todo esto, concluyó, se viola el principio de igualdad que marca la Constitución.

Lo mismo pasa con lo previsto en el artículo 16 respecto a la vigencia de 20 años de las concesiones de radio y televisión, pues mientras a estos concesionarios se les establece este periodo como obligatorio, a las empresas de telecomunicaciones se les marca como "hasta 20 años", es decir, que se deja a la autoridad administrativa en libertad para determinar el plazo según las circunstancias propias, sostiene.