El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Aguirre Anguiano, propuso la invalidez total del ar-tículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, lo que implicaría que las empresas de radiodifusión y las televisoras no podrán dar servicios adicionales de telecomunicaciones sin pagar por las frecuencias nuevas que usarían para tal efecto.

Aguirre Anguiano, como ministro ponente, envió ayer a las partes involucradas el proyecto de sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad interpuesta por un grupo de integrantes de la legislatura pasada. El texto -de 540 cuartillas- será sometido por la Corte a consulta pública entre especialistas, miembros de la industria e involucrados en el proceso y a partir del 24 de mayo será discutido por el pleno de la Corte.

De acuerdo con el documento, de invalidarse el artículo referido, se echaría abajo la subasta pública de nuevas frecuencias, un precepto legal que favorece a actuales y nuevos concesionarios la obtención de las mismas en función de la mayor oferta económica que hagan y no por el proyecto de radiodifusión que presenten.

Tal cual y como está la legislación vigente (artículo 28), las radiodifusoras sólo tienen que pedir autorización a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que les sea otorgado un título de concesión como operadores de servicios de telecomunicaciones -datos, internet y telefonía-, sin someterse a un concurso y licitación.

Las empresas telefónicas, por el contrario, deben participar en una licitación que gana quien haga la oferta mayor.

El artículo 28 permite a televisoras obtener un título de concesión como operadores de servicios de telecomunicaciones y quedarse con el espectro adicional que les dio el gobierno federal para la transición a las tecnologías digitales sin pagar por dichas frecuencias.

De declararse la invalidez señalada se frenaría también la inversión extranjera en las empresas de radio y televisión. En telecomunicaciones sí se permite esa inversión pero en radio y tv no.

La acción de inconstitucionalidad fue promovida por un grupo de legisladores encabezados por los ex senadores Javier Corral (PAN) y Manuel Bartlett (PRI) el año pasado, en contra de las reformas a la Ley Federal de radio y Televisión.

Tras conocer el proyecto de sentencia, Corral dijo que los demandantes insistirán en que se elimine el refrendo perpetuo de concesiones; la limitación de facultades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en materia de radio y televisión, y que se declare inconstitucional la contratación de propaganda electoral de manera directa por parte de los candidatos.