"El equipo parece de juguete ante las armas que esta gente (de los cárteles de la droga) trae, ellos tienen mejor tecnología, interceptan nuestras frecuencias, amenazan y aquí el personal eso lo vive, y nosotros sabemos a qué le tiramos si no somos precavidos", dice.

Por ello, ser cauteloso, tomar medidas de reserva, no confrontar a las bandas armadas y solicitar refuerzos son parte de un glosario convertido en norma entre las corporaciones municipales, ante la ofensiva de los cárteles de la droga en la zona metropolitana de Monterrey. De acuerdo con mandos de la PFP, la escalada de violencia en Nuevo León en lo que va de 2007 rebasa ya los 50 ejecutados -18 de ellos policías-, algo inédito en la historia del estado.

Bastó que observaran la granada y el arma larga que traía en las manos aquel individuo que bajó de una camioneta Lobo, color verde, para que los policías de la patrulla 357 entendieran cuál era el mensaje.

Era un hombre robusto, vestía camisa a cuadros y fue el único que descendió la noche del martes 10 de abril de un convoy de vehículos, con sicarios a bordo que lo acompañaban, cuando interceptaron a tres patrullas de la Policía Municipal de Guadalupe.

Con esas credenciales a la vista, les ordenó liberar a una mujer y un hombre que habían detenido momentos antes.

Edgardo Tamez García y Blanca Chávez Mendoza, como fueron identificados, jamás llegaron a los separos, pues en el cruce de las calles Morones Prieto y Lázaro Cárdenas, sus colegas los rescataron.

Calle por calle

Cuando se trata de bandas al servicio del narcotráfico, la calle se convierte en sinónimo de propiedad y, en algún momento, de identidad.

Ejecutar a una persona y dejar herida a otra durante un atardecer citadino en plena zona rosa de Monterrey, y huir sin que nada pase, podría ser una demostración de cómo se mueven los sicarios por el centro de la capital de Nuevo León, en cuyo perímetro se han suscitado ocho de las 24 ejecuciones que registra hasta el momento el municipio.

De las 18 ejecuciones de policías que se habían registrado hasta mediados de este mes en el área metropolitana de Monterrey, en ningún caso la Procuraduría General de Justicia del Estado ni la General de la República (PGR) han informado del estado en que se encuentran las investigaciones, y si un medio de comunicación lo hiciera, podría ser sancionado, pues el gobierno estatal promovió una reforma al artículo 334 bis del Código Penal de la entidad, aprobado el pasado 13 de marzo, para castigar a quien dé a conocer "cualquier dato que permita su identificación pública (de un implicado), hecho o documento relativo a un proceso judicial en cualquier periodo que se encuentre, y en el que se atribuya un hecho tipificado como delito".

Ante el silencio oficial, el mapa de las ejecuciones ilustra la disputa territorial que protagonizan calle por calle de sur a norte las huestes del cártel del Golfo, lideradas en el área de metropolitana de Monterrey por Eleazar Medina Rojas, y las del cártel de Sinaloa, encabezadas por Héctor Huerta Ríos.

En los municipios conurbados como Santa Catarina y San Pedro Garza García se han registrado nueve y siete ejecuciones, respectivamente. Esta región estaría bajo control, de acuerdo con una fuente de la área de inteligencia de la PFP, de Huerta Ríos, El Junior, quien fue visto por última vez a mediados de febrero de 2006, cuando un fuerte operativo en una de las colonias residenciales de San Pedro desembocó en la detención de su padre, Héctor Huerta Garza, considerado uno de los operadores de Arturo Beltrán Leyva, hombre fuerte de la organización que dirige Joaquín El Chapo Guzmán.

Otros municipios como San Nicolás, en el que se han presentado cinco ejecuciones, y Apodaca, que lleva una; así como Guadalupe, con dos, estarían bajo control del cártel del Golfo, liderado por Medina, un individuo a quien apodan El Chelelo, y por el que sus contrincantes ofrecían un millón de pesos por información que llevara a su paradero, según un letrero encontrado en septiembre de 2006 en el auto de los agentes de la policía municipal de San Pedro, Miguel Ángel Román Ruiz y Ricardo Martínez López, quienes fueron detenidos acusados de proteger a gente del grupo de Huerta.

La espiral de violencia en Nuevo León y el área metropolitana de la capital tendría también otra explicación. Según la misma fuente, sería por una fractura en el interior del cártel del Golfo, detonada por dos factores: la extradición de Osiel Cárdenas Guillén y el retiro por enfermedad de su viejo brazo derecho Gregorio Sauceda, Don Goyo, un ex policía judicial de Matamoros, quien presuntamente agoniza por un cáncer terminal. El enfrentamiento lo protagonizarían Heriberto Lazcano, El Lazca, ex militar y jefe de los zetas contra Eduardo Costilla Sánchez, El Cos, un ex policía municipal de esta ciudad fronteriza que tiene bajo su control.

De lo ´transitorio´ a lo ´cotidiano´

En menos de un mes, Natividad González Parás, gobernador priísta de Nuevo León, pasó de considerar la violencia en el estado como un fenómeno "transitorio", alusión hecha el pasado día 27 de marzo, a calificar la situación como algo "ya cotidiano", en una declaración realizada el jueves 12 de abril.

Con el rostro compungido, el mandatario tuvo que salir ese día a decir algo, pues en menos de 24 horas un solitario pistolero había ejecutado a un individuo en el célebre restaurante San Carlos, frecuentado por políticos locales; un comando armado había liberado a dos sicarios en Guadalupe; un operativo del Ejército en el municipio de Marín había dejado un sicario muerto, el decomiso de un arsenal y medio millón de pesos en efectivo asegurados.

No se le notaba muy nervioso, pero al reconocer que los ajustes ya eran parte de la cotidianidad, parecía confirmar el dicho de que su administración estaba rebasada por la crisis que preocupa sobre manera a los hombres más poderosos de la iniciativa privada en Monterrey. En esta ciudad ya se habla en la opinión pública de que la ola de ejecuciones son ejemplo del "quiebre político" de su sexenio, el cual llega a su primera mitad y del que quizá no salga bien librado.

En su columna del pasado 19 de marzo, aparecida en este diario, el periodista Raymundo Riva Palacio escribió que de acuerdo con un informe de la Procuraduría General de la República (PGR), el gobierno de González Parás se encontraba infiltrado en sus "más altos niveles", de donde surge información y protección a los grupos que se disputan la plaza.

No pasó desapercibido en la clase política y empresarial de Nuevo León que en uno de los últimos mensajes escritos, el cual apareció clavado con un picahielo en el pecho de un ejecutado, el pasado 20 de marzo, había una alusión a directa a dos de los más cercanos colaboradores del mandatario: Rogelio Cerda, secretario general de Gobierno, y el procurador Luis Carlos Treviño Berchelman, quienes se han negado a hablar del tema.

El texto decía que la violencia seguiría "hasta que dejen de proteger a gente de Héctor Huerta y El Chapo Guzmán; anunciaron que lo que ocurre en esta ciudad era "sólo el inicio".