El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado propuso que se incrementen las sanciones contra quienes realicen o consientan el aborto.

Contraria a la iniciativa de los perredistas, que plantean la despenalización si esa práctica se lleva a cabo en las primeras 12 semanas de gestación, los verdes quieren endurecer las sanciones, contra madres, médicos, parteras y practicantes.

En tanto, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reconoció, en un comunicado, que si no se escucha la voz de un segmento de la población mexicana, católica en su mayoría, la democracia se verá empobrecida, pues aquellas voces que piden el silencio de la Iglesia sólo demuestran autoritarismo.

Además, el Colegio de Abogados Católicos, respaldado por la Arquidiócesis de México y dirigido por Armando Martínez, envió una carta al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, Isidro Cisneros, para solicitarle que a través de la Ley Participación Ciudadana se haga un referendum, para que sea la ciudadanía la decida si se despenaliza el aborto.

"Nos dirigimos a usted (...) para que nos auxilien para exhortar formalmente a los diputados del Distrito Federal a que hagan uso de la facultad exclusiva que consagra el artículo 28 de la Ley de Participación Ciudadano del Distrito Federal, de someter a referendum actos legislativos", señala la misiva.

Dijeron que ya sea mediante el convencimiento de los legisladores o mediante el auxilio del IEDF se dará voz a un importante sector de la Ciudadanía que no esta siendo ni oída, ni representada.

En conferencia de prensa, el Colegio de Abogados dijo que recurrieron al IEDF ante la negativa del PRD y del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) de impulsar este plebiscito.

Por su parte, el obispo y ex presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, José Guadalupe Martín Rábago, dijo que los legisladores, por el simple hecho de despenalizar el aborto, no incurren en excomunión.

Sin embargo, la iniciativa del PVEM también incorpora las excluyentes de responsabilidad penal que ya establece el código penal del Distrito Federal.

La propuesta de los verdes está firmada por sus seis senadores: Francisco Agundis, Arturo Escobar, Ludivina Menchaca, Javier Orozco, Manuel Velasco y Jorge Legorreta, y de ser aprobada, reformaría los artículos 329, 330, 331, 332 y 333 del Código Penal Federal.

En su exposición de motivos, los verdes argumentan y defienden el derecho a la vida desde que el óvulo es fecundado por el espermatozoide en la trompa de Falopio.

La iniciativa de los verdes fue presentada ayer en la tribuna del Senado por Arturo Escobar.

Al que haga abortar una mujer, con el consentimiento de ella, se le aplicará de uno a tres años de prisión. Sin su consentimiento, la prisión será de cinco a ocho años; y si se utiliza violencia física o moral, el castigo podría ser de ocho a 10 años de cárcel.