Después de años de juicios, en primera y segunda instancia, de retrasos y de aplazamientos, finalmente los militares que iniciaron una batalla jurídica para impugnar que el Ejército los haya dado de baja por tener el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), tienen la victoria a la vista.

Pero no todos podrán disfrutar de ella. Dos militares se quedaron en el camino: fallecieron y existe la posibilidad de que sus familias queden desamparadas.

Aun cuando el caso no se ha votado, la mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia llegaron a la conclusión de que es inconstitucional el apartado de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas que permite enviar al retiro a los militares a los que se les detecta que tienen el VIH.

Con base en este criterio, ahora el pleno de la Corte comenzará a analizar, caso por caso, los juicios de los 10 militares que impugnaron la ley, a fin de definir el alcance de los beneficios que se le otorgará a cada uno de ellos.

De manera individual la Corte tiene que definir si los reinstala en sus cargos, si ordena que se les coloque en otra áreas de trabajo distintas a las que tenían, así como el monto que se les tiene que pagar por los honorarios y prestaciones que dejaron de recibir, según sea el caso.

La muerte no ampara

De entrada, en el caso de los militares con VIH existe una propuesta para que se cierren los juicios de amparo que promovieron quienes fallecieron, a través de lo que técnicamente se conoce como un sobreseimiento.

De aprobarse esta propuesta, las familias de los difuntos quedarían desprotegidas porque no podrían cobrar, entre otro tipo de prestaciones, el seguro de vida que se les otorga a todos los militares cuando se encuentran en activo. Generalmente la Corte tiende a sobreseer los juicios en los que fallece quien los promueve.

A la mayoría de los militares con VIH los jueces les concedieron una medida cautelar para que recibieran atención médica durante el tiempo que duraran sus juicios.

De Azuela a Góngora

Durante la cuarta sesión para analizar este caso, la ministra Olga Sánchez Cordero se sumó de manera clara, al igual que el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, a la propuesta de los ministros José Ramón Cossío, José Fernando Franco, Juan Silva, José de Jesús Gudiño, Margarita Luna y Sergio Valls, de declarar inconstitucional que el Ejército pueda enviar al retiro a los militares que resulten positivos en la prueba del VIH, por considerar la medida es violatoria del derecho a la no discriminación.

Mientras que el ministro Mariano Azuela dijo que se informó sobre este padecimiento, rectificó sus opiniones en torno a los riesgos de contagio que pueden generar quienes padecen VIH, y se concentró en exponer únicamente sus argumentos jurídicos.

Por cuestiones técnicas, Azuela pidió que se repusiera parte del procedimiento de los juicios para que se pudieran aportar pruebas médicas sobre el padecimiento que le ayudaran a tomar una decisión.

Pero su propuesta fue rechazada por ocho votos contra tres. La mayoría consideró que cada ministro podía allegarse, por su cuenta, de la información científica necesaria para definir el sentido de su voto.

A partir de esta decisión Azuela tendrá que definir si toma en cuenta o no la información científica recabada por sus compañeros a la hora de resolver vota a favor en contra de amparar a los militares.

Quien ya decidió sobre este punto fue el ministro Genaro Góngora, quien expresó sus dudas porque militares con VIH duermen en camas contiguas con sus compañeros, y en zonas de desastre estén en áreas "infestadas de chinches, garrapatas y otros insectos transmisores".