Ausente el diálogo con los gobiernos federal y el estatal, ello no ha sido obstáculo para que, de acuerdo con funcionarios federales, la Procuraduría General de la República (PGR) haya atraído averiguaciones previas abiertas por la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca.

Al mismo tiempo, la PGR alista la apertura de nuevas averiguaciones en contra de policías estatales por el extravío de 60 armas de fuego de la corporación, presuntamente vinculadas al conflicto en Oaxaca.

Eso es peccata minuta, lo importante es investigar hechos mayores, consideró Gilberto Hernández Santiago, coordinador jurídico de la APPO, pues lo que pretenden es "acallarnos para que dejemos de decir que la PGR ha dejado de perseguir delitos mayores en Oaxaca".

De la sección 22 permanecen siete maestros en distintas cárceles y de la APPO son al menos 65 los detenidos, además de 165 que permanecen bajo procesos penales, informó Hernández Santiago.

Segob: demandas atendidas

De acuerdo con un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) titulado Problemática político-social en Oaxaca, fechado en diciembre de 2006, sostiene que "las demandas de la sección 22 del SNTE han sido atendidas".

Apenas este fin de semana, el secretario general de la sección 22, Enrique Rueda Pacheco, presentó su renuncia a dicho cargo, pero le fue rechazada por sus agremiados.

La sección 22 afirma que no les han sido cumplidas sus demandas firmadas por el ex secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza.

Fuentes consultadas en Segob señalan que no han recibido a los representantes de la Sección 22, que aún encabeza Enrique Rueda, porque éste tiene en su contra órdenes de aprehensión, por lo que tendrían que detenerlo inmediatamente.

Por otro lado, tampoco han recibido a la APPO porque su primera petición es la renuncia del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz. Además, aunque hablan de "desaparecidos" y de casos de "tortura", en ningún momento han traído la lista de los "desaparecidos" con nombre y apellido, ni las pruebas de violaciones a sus derechos humanos y tortura. Por ello es que no reciben a ninguna de las partes, señalan en Gobernación.

Violencia en el estado

El informe del Cisen, obtenido mediante una petición de acceso a la información pública, consta de 32 páginas en las que se hace una cronología de todos los hechos ocurridos desde el 22 de mayo hasta diciembre, con la llegada de la nueva administración.

"En las mesas de negociación promovidas por la Secretaría de Gobernación se complicó el establecimiento de acuerdos y su cumplimiento al condicionarse el diálogo a la renuncia del gobernador", señala el informe.

Informes del gobierno incluso responsabilizan a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y no a la Sección 22 del magisterio, de promover acciones violentas en la capital oaxaqueña que afectaron no sólo la seguridad, sino las actividades educativas, la economía y hasta del deterioro del patrimonio cultural.

Fuentes de la Secretaría de Gobernación informaron a EL UNIVERSAL que resulta difícil iniciar averiguaciones previas en contra de funcionarios estatales, porque muchos expedientes fueron quemados por la misma Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

El informe del Cisen relata que "el 3 de agosto integrantes de la APPO quemaron expedientes de la Procuraduría General de Justicia del estado respecto de averiguaciones sobre personas reportadas desaparecidas".

Llama la atención del informe del Cisen en el que se relatan los hechos ocurridos en Oaxaca, pero en los que no se mencionan jamás a grupos paramilitares; sólo la aparición de un presunto grupo guerrillero el 2 de octubre de 2006.

Por último, también hace mención que el 29 de octubre los sobrevuelos de helicópteros de la Marina-Armada de México fueron porque "transitaban incidentalmente".