En medio de un gran dispositivo de seguridad que incluyó el sobrevuelo de helicópteros de la PFP, el gobernador Ulises Ruiz caminó ayer al mediodía por el centro y llegó hasta el ex Convento de Santo Domingo tras seis meses de conflicto en que no se paró por el lugar; dio a conocer que las detenciones de otros responsables de los daños continuarán, incluso si fueran dirigentes de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO).

Por la tarde, la dirigencia de APPO anunció que hoy, a partir de las 8:00 horas, volverán a instalar su campamento en el ex Convento de Santo Domingo y responsabilizó a los gobiernos federal y estatal de los enfrentamientos. Asimismo, justificó el uso de bombas molotov y cohetones de sus miembros como un acto de legítima defensa, pero negó haber causado los incendios.

Organizaciones independientes de derechos humanos alertaron de una situación grave de violaciones a las garantías individuales por parte de la policía, como actos de tortura contra detenidos, negación al debido proceso legal, detenciones arbitrarias y extrajudiciales.

Hay una situación de facto de supresión de garantías, dijeron Sara Méndez, de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos; Yésica Sánchez, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, y Andrés del Campo, de la Asociación Mexicana de Asesores en Derechos Humanos.

En este ambiente de tensión, el arzobispo José Luis Chávez Botello convocó al gobierno y a todos los sectores sociales de Oaxaca a establecer nuevas y mejores relaciones entre sí que permitan una convivencia pacífica y sana. Dijo que la crisis social es producto de los desequilibrios, y sólo se superará si se atienden las causas profundas que la generan.

Mientras la PFP volvió ayer al zócalo y la alameda de León que ocupa como base desde el 29 de octubre, las policías preventiva y municipal iniciaron patrullajes en el centro histórico de la entidad bajo el mando de la corporación federal.

Entre los edificios que más daños tuvieron están el Tribunal Superior de Justicia del estado, donde unos 6 mil expedientes judiciales que se procesaban en cuatro salas, se perdieron. La pérdida fue total, dijo el magistrado presidente, Héctor Anuar Mafud, quien calificó los hechos como un acto de "extrema criminalidad".

También el edificio del Poder Judicial de la Federación quedó totalmente incendiado, así como unos 15 automóviles que se encontraban en su interior. La Secretaría de Turismo del estado también quedó totalmente incendiada, mientras que el Teatro Juárez sufrió destrozos en su vestíbulo.

Entre los inmuebles no públicos dañados destacan uno que está catalogado como patrimonio cultural y pertenece a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), en las calles 5 de Mayo y Morelos, así como el de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Oaxaca. Ambos quedaron también totalmente destruidos en su interior por el incendio.

El gobernador Ruiz rechazó cualquier posibilidad de negociación con la APPO que signifique perdonar esos actos, y advirtió que "en breve" se levantará la barricada de la zona conocida como Cinco Señores, muy cerca de Ciudad Universitaria.

Se trata del único bloqueo que mantiene la APPO y se volvió emblemático tras la derrota de la PFP en su intento por liberar la zona universitaria el 2 de noviembre.

El gobernador estuvo acompañado por el presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, Bulmaro Rito Salinas, y del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Anuar Mafud; de la procuradora de Justicia estatal, Lizbeth Caña, y otros funcionarios. En su recorrido estuvo arropado por decenas de simpatizantes priístas que lo vitorearon, pero también hubo casos de personas que le gritaron que era mejor que renunciara, pero no hubo incidentes.

Ayer, los dirigentes de la APPO dieron a conocer que instalarán otra vez su campamento en Santo Domingo, y justificaron que sus seguidores hayan lanzado bombas molotov y cohetones a la PFP. "Fue un acto de legítima defensa", aseguró Florentino López, y agregó que "se armaban con lo que encontraban en el camino", "pero -se le cuestionó-, uno no se encuentra en el camino bombas molotov y cohetones". "Hicieron uso de eso para poder usar su derecho legítimo de defensa y no permitir una masacre contra el pueblo", respondió.

La conferencia de la APPO se dio a las puertas del Centro Diocesano de Pastoral de la Arquidiócesis de Oaxaca, ante el temor de salir y ser detenidos por la policía.