Estas medidas buscan revertir una tendencia: tan sólo en el primer semestre de este año la PGR inició 20 averiguaciones previas relacionadas con violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y se han consignado 13 de ellas; en el mismo periodo el Ministerio Público de la Federación integró 20 actas circunstanciadas por el uso ilícito de armas y artefactos explosivos.

Así lo indica el sexto informe de actividades de la dependencia, en el apartado de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que este año, por ejemplo, a petición del gobierno de Estados Unidos inició un expediente para investigar a empresas y ciudadanos mexicanos con posibles vínculos financieros con el grupo extremista islámico Hezbolá.

Como parte de este informe se indica que hay un permanente intercambio de información entre el Grupo de Coordinación Interinstitucional para la Prevención y Control del Tráfico de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos (GC-Armas), al que pertenecen organismos como el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen).

Como parte de estos trabajos, la PGR solicita en su informe a la Sedena que intensifique las inspecciones a permisionarios para la compra y venta de explosivos, así como a quienes cuentan con la autorización para la fabricación, además de quienes comercializan las sustancias químicas para la elaboración de pirotecnia.

De acuerdo con el documento, "esta medida contribuirá a evitar el comercio ilícito de estos materiales, porque potencialmente pueden ser utilizados por la delincuencia".

En esta estrategia también se incluye la propuesta de que la Administración General de Aduanas incremente las acciones para la detección de materiales pirotécnicos, explosivos y sustancias químicas que son utilizados en su fabricación, en previsión de un uso ilícito de los mismos.