Con esta decisión culmina el proceso administrativo que se siguió en contra del titular de dicha organización, luego de que hace dos años se descubriera que utilizó de manera irregular recursos que le otorgó el gobierno federal, incluso, para la compra de ropa íntima para mujeres, específicamente tangas.

La revisión de este caso le permitió a la SCJN establecer un criterio mediante el cual avaló que cualquier persona que reciba y maneje recursos del gobierno federal pueda recibir las mismas sanciones que están establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades para los Servidores Públicos, por conductas indebidas o malos manejos de recursos públicos.

El hecho es relevante, explicaron, porque Jorge Serrano es la primera persona a la que, sin ser un funcionario, se le aplica este tipo de castigo.

El 13 de abril de 2005, la SFP decidió multar e inhabilitar a Jorge Serrano Limón, porque en su calidad de presidente del Comité Nacional de Pro-Vida, se le comprobó que desvió recursos públicos que le otorgó la Secretaría de Salud para un programa de Centros de Ayuda para la Mujer.

De acuerdo con la información difundida por dicha secretaría, con motivo de un acuerdo suscrito con la Secretaría de Salud, Pro-Vida recibió 34 millones 533 mil 266 pesos, para la creación de 10 Centros de Ayuda para la Mujer (CAM).

Pero después de que se difundieran, de manera pública, los resultados de una auditoría que se le realizó a esta asociación en 2004, la SFP informó que se encontraron irregularidades en los gastos de publicidad, compra de mobiliario y equipo médico, material didáctico, cursos de capacitación y entrega de medicamentos y atención médica. Y no sólo eso, el ex presidente de Pro-Vida, Jorge Serrano, en un intento por justificar el manejo de los recursos, incluso entregó documentación falsa, como facturas de empresas inexistentes que supuestamente ofrecieron servicios y vendieron insumos a la asociación civil o documentos que avalaban la adquisición de equipo que nunca se encontró en los CAM.

Con motivo de esta decisión, la secretaría también destituyó de sus cargos e inhabilitó a tres funcionarios del órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, denominado Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, porque, supuestamente, entregaron a Pro-Vida los 34 millones 533 mil 266 pesos, sin autorización y sin supervisar el adecuado manejo del dinero. Ningún funcionario de mayor rango fue sancionado por estos hechos.

Para revertir esta decisión, Serrano Limón solicitó un amparo bajo el argumento de que no se le podía aplicar sanción alguna con base en la Ley Federal de Responsabilidades para los Servidores Públicos, por el hecho de que no era servidor público.

En una primera instancia, un juez federal le otorgó la razón y le concedió un amparo para dejar sin efecto la sanción dictada por la SFP. Inconforme con esta medida, la secretaría apeló la decisión, por lo que el caso tuvo que ser revisado por la SCJN, en donde, de manera unánime, el pleno decidió revocar la sentencia.

A propuesta de la ministra Margarita Luna Ramos, la SCJN concluyó que "todas las personas que tengan una comisión, en la que esté involucrado dinero que provenga del erario público, estarán sujetas a la aplicación de la Ley de Responsabilidades".