El panorama diario se ve complementado por el bloqueo a las calles, cierres esporádicos de las principales arterias, la presencia de las "brigadas móviles", que lo mismo realizan pintas, cierran bancos, encabezan saqueos a centros comerciales, bloquean carreteras, realizan marchas, retienen personas o realizan rondines para iniciar el "toque de queda", cuando se oculta el sol.

Entonces el miedo y la psicosis se hacen presentes, bajo la fría calma que sólo rompen por la noche las ráfagas de balas, los cohetones, el repiquetear de las campanas, el sonar de las cazuelas y el afilar de los machetes.

Se cumplen 100 días de este conflicto que inició con la petición de reubicación salarial para poco más de 70 mil trabajadores de la educación en Oaxaca o rezonificación, lo que significa pasar a una zona de vida más cara, y lograr incrementos a becas, desayunos escolares y uniformes; y ahora los maestros y las 73 organizaciones que integran la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) han provocado una capital sola, vacía.

La cantera verde que hizo patimonio la UNESCO hace más de una década está transformada por las pintas que revelan la única demanda para, según las agrupaciones, terminar con el conflicto, que es que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz renuncie y se declare la desaparición de poderes en la entidad.

Atrás quedó la demanda salarial del magisterio, de que se autorizaran 800 mil paquetes de útiles escolares, cien mil uniformes, seis mil becas, 200 cocinas comunitarias, crear un programa de calzado para niños de zonas marginadas, atención médica o incremento a la matrícula en las normales de la entidad. El magisterio tampoco acepta ahora la última oferta del gobierno estatal de destinar 85 millones de pesos para iniciar con un programa de rezonificación salarial. La determinación es única: "que se vaya el gobernador", asegura Enrique Rueda Pacheco, dirigente de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Sin embargo, la postura "innegociable" que el dirigente magisterial señala que se asumió después del 14 de junio, cuando el gobernador Ulises Ruiz Ortiz autorizó el "desalojo" de los casi 30 mil maestros que mantenían su plantón en las 52 calles del centro histórico de Oaxaca "no es real" para el dirigente del PRI del estado, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, al mostrar los "Acuerdos del Primer Congreso Político de la Sección 22", realizados del 3 al 7 de abril en la sede del sindicato.

Demanda tradicional

En la entidad, el conflicto "magisterial" es "un rito tradicional desde hace 26 años", plantea Gloria Zafra, del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), en el que se "plantan" para pedir más plazas al gobierno estatal, mayores beneficios salariales sin que haya un señalamiento de respuesta de mejora académica.

La rezonificación "nunca ha dejado de ser una demanda del magisterio, pero por eso nunca se han ido con las manos vacías. De hecho en 1992 esa petición hizo que el gobernador Heladio Ramírez firmara con el SNTE un convenio en el que les entregó todos los puestos de dirección del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO)".

En el estudio "La insurgencia magisterial en Oaxaca 1980", reeditado y actualizado apenas en abril de este año con financiamiento del gobierno de Ulises Ruiz, los investigadores Isidoro Yescas Martínez y Gloria Zafra cuestionan si el movimiento magisterial que en 1977 promovió una serie de acciones de "ingobernabilidad" que provocaron la destitución del gobernador Manuel Zárate Aquino, "se ha reeditado a la sombra de un discurso izquierdizante, el clientelismo político-electoral, la corrupción en la gestión sindical y la disputa de corrientes, líderes regionales y seccionales".

En el contexto electoral del 2 de julio de este 2006 la investigadora Gloria Zafra afirma que la "politización de los maestros hace que en sus comunidades tengan una alta presencia y estima como para realizar un activismo político en favor o en contra de determinados partidos o candidatos", y en principio el primer contacto que se tiene es con quienes encabezan el gobierno, lo que hace una "relación perversa".

De ahí que una vez que el gobierno estatal realizó el "operativo de desalojo", voces como la de Elba Esther Gordillo acusaron al gobernador priísta.

La adhesión a las 73 organizaciones de la APPO, describe la investigadora, "no es algo extraño y tampoco es hablar de dos cosas diferentes. Los liderazgos regionales de los maestros están ligados a corrientes magisteriales que han tenido una actuación política en sus comunidades a través de organizaciones no gubernamentales y de partidos políticos. Por lo tanto, la APPO está liderada por los brazos activos políticos del magisterio".

En las dos últimas semanas la violencia creció cuando los manifestantes iniciaron con la retención de policías en su zona de influencia en el centro histórico, por lo que al no existir policía preventiva en ese perímetro los robos, asaltos e inseguridad crecieron. Quienes encabezan este tipo de acciones de violencia son jóvenes dispuestos a quemar camiones, golpear o retener personas por quinientos pesos.

Esta situación de inseguridad impide que el turismo se acerque al perímetro del centro histórico.

Las advertencias se han multiplicado después de la muerte del mecánico José Jiménez y de arquitecto Lorenzo Sanpablo, al finalizar una marcha y durante el operativo de limpia de vialidades que realizó el gobierno estatal. Al mismo tiempo que la APPO ratificó la semana pasada su "alerta máxima" y decretó "el toque de queda" por las noches.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos recomendó a sus conciudadanos tomar medidas preventivas para viajar a Oaxaca; en tanto una misión de la Cruz Roja Internacional llegó para evaluar la situación de la entidad para determinar si se requiere su presencia en la entidad. Todo ello hizo que los comercios y restaurantes terminaron por cerrar sus puertas.

Los empresarios del ramo calculan alrededor de dos mil millones de pesos en pérdidas y mil 800 empleos directos.