El especialista participó en el segundo Seminario sobre Trata de Personas, que organizaron en esta ciudad la OIM y el centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, donde destacó que no existen cifras precisas sobre el número de víctimas de trata.

Sin embargo, dijo que de acuerdo con estadísticas de la Cepal, más de 3 mil mujeres mexicanas son explotadas sexualmente en Japón, de acuerdo con otros estudios acerca de 100 mil mujeres y adolescentes originarias de México, Argentina, Ecuador y otras naciones latinoamericanas son conducidas con engaños y falsas promesas de empleo a Estados Unidos, Europa y Asia para ser explotadas.

Artola destacó que si bien la trata con fines de explotación sexual es un problema serio en México, el país tiene también una clasificación alta en la trata para explotación laboral y se registran casos de servidumbre doméstica.

En su exposición, señaló como problemas para combatir el fenómeno el hecho de que la trata todavía no es una cuestión visible en el país, que el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas no es muy conocido, y que prácticamente no hay legislación en la materia.

En entrevista, explicó que el fenómeno se da en menor y mayor medida en varios estados del país, particularmente en las fronteras norte y sur, pero también en estados como Veracruz, Puebla y Tlaxcala.

Sobre este último, precisó que de acuerdo con la información obtenida por la OIM y organizaciones no gubernamentales, predomina la trata con fines de explotación sexual operada por pequeñas redes constituidas por familias enteras.

Explicó que hasta ahora no se tiene evidencia de la participación de bandas transnacionales como ocurre en Brasil y Colombia, donde opera la mafia japonesa (la Yakuza), que "engancha" a mujeres para prostituirlas en Asia.

"Existen muchos grupos pequeños y medianos en el país asociados a redes de polleros, situación que les facilita el traslado interno de las mujeres y su transporte al extranjero, particularmente a Estados Unidos.

Participante en el seminario, destacaron la necesidad de tipificar el delito de trata de personas en el estado, ya que la única figura penal para sancionar la explotación sexual de mujeres es el lenocinio, que se sanciona con penas muy bajas, lo que impide que los responsables ingresen a prisión.

Liz Sánchez Reina, directora del Centro Fray Julián Garcés presentó los resultados de un estudio elaborado por el organismo que identifica los municipios de Tenancingo, Ayometla, San Pablo del Monte, Contla Papalotla como los más afectados por el fenómeno.

Yuridia Álvarez, de la organización Proteja, lamentó que el delito de lenocinio en Tlaxcala, como en la mayor parte de las entidades del país, esté identificado como un ilícito contra la moral pública y no contra el libre desarrollo de la personalidad, lo que lo convertiría en un tema de derechos humanos.