Todas las quejas ya fueron ratificadas ayer por las supuestas víctimas, por lo que el organismo informó que ya presentó sendas denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría del estado de México.

Según los testimonios recabados entre las más de 40 detenidas, las agresiones sexuales de los policías federales y estatales se registraron durante el recorrido de Atenco al penal de Santiaguito, que duró entre tres y cuatro horas.

Las mujeres refirieron a la CNDH que fueron obligadas a tener sexo oral con policías estatales y federales durante el traslado al penal de Santiaguito. Señalan que al subir al camión fueron "manoseadas" y maniatadas, para después ser obligadas a ponerse de rodillas y levantarse las blusas hasta cubrirse la cabeza.

Hasta el cierre de esta edición, la CNDH reportaba 23 quejas -siete más que las reportadas el lunes pasado-, de las cuales 16 son por abuso sexual y siete por violación.

El organismo aseguró a este diario que no hay una sola queja por tortura, sino "varias" -sin especificar cuántas aún- por tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La CNDH anunció que la próxima semana dará a conocer su informe.

Paralelamente, la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres de la PGR inició una investigación "de campo" sobre posibles delitos "de género" cometidos por elementos de la PFP y agentes estatales contra las detenidas, además de que se indagará la deportación de las extranjeras.

No obstante, la fiscal especial Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña explicó que hasta el momento no ha recibido ninguna denuncia penal -pese a la información de la CNDH- contras los policías por parte de las víctimas o sus familiares, por lo que no puede integrar una averiguación previa, sino sólo una investigación de "campo".

Pérez Duarte dijo que solicitó a la Procuraduría General de Justicia del estado de México información, como la lista de mujeres detenidas y las condiciones físicas en las que se encuentran, y "que nos permitan tener acceso a las personas para recabar testimonios y ayudarlas jurídicamente".

Por la noche, se buscó que la PGR confirmará la información de la CNDH; sin embargo, la dependencia negó haber recibido las denuncias.

Al respecto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez -quien dará a conocer hoy su informe al respecto- señaló que pese al incremento en el número de quejas ante la CNDH no han podido establecer contacto directo con alguna víctima de abuso sexual.

Por lo pronto, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos denunció ante la representante especial de las Naciones Unidas para los defensores de los derechos humanos, Hina Jinali, la detención arbitraria por parte de la PFP) de los activistas Damián Camacho -de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos- y Pedro Alvarado Delgado -del Comité de Derechos Humanos del Ajusco.

Cuestionan ingreso

En ese contexto, organizaciones no gubernamentales consideraron ayer que México debió retirar su candidatura para obtener un lugar en el nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU hasta resolver "las graves" violaciones a los derechos humanos registradas en los últimos meses, como son los operativos policiacos en la empresa Sicartsa de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y el de San Salvador Atenco.

México fue elegido ayer miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Fabián Matus, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo que en estos momentos México no tiene calidad moral para ocupar ese puesto.

Édgar Cortez, de la Red Todos los Derechos para Todos, comentó que México llega ese Consejo de la ONU con una labor de contrastes en materia de derechos humanos.

En cuanto a la situación de los extranjeros que fueron deportados a sus países, las organizaciones Sin Fronteras y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos informaron que analizan la posibilidad de denunciar su expulsión ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), pues se violaron los tratados internacionales en la materia al negarles el derecho a una audiencia. (Con información de Silvia Otero)