Elementos de la Agencia Estatal de Seguridad y de la Policía Federal Preventiva incurrieron en uso excesivo de la fuerza durante el operativo del 4 de mayo para retomar el control de San Salvador Atenco, luego de los violentos enfrentamientos del día anterior con integrantes del Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra (FPDT).

Así lo establece un reporte preliminar del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" (Prodh), elaborado a partir de testimonios con integrantes del movimiento detenidos y heridos durante los operativos, así como de visitas realizadas a sus domicilios.

Paralelamente, la oficina central de Amnistía Internacional, en comunicado desde Londres, pidió que se hiciera pública la identidad de los detenidos, garanticen su integridad física, acceso a asistencia legal y médica, que se le acuse de un delito común reconocible o se les deje en libertad y se investigue el homicidio del adolescente muerto en la trifulca del 3 de mayo y las violaciones a derechos humanos en el operativo del 4 de mayo.

El informe da cuenta de allanamientos y destrozos en viviendas, a las que los elementos policiacos ingresaron sin órdenes de cateo; lanzamiento de gases lacrimógenos en áreas donde se encontraban niños, ancianos y mujeres embarazadas, así como del sometimiento de detenidos mediante golpes de tolete, puñetazos y patadas.

El organismo no ha documentado violaciones sexuales, aunque de acuerdo con testimonios recabados sí se registraron casos de abuso, pero la evidencia que se tiene es sólo de oídas, no de víctimas directas, precisó el abogado Luis Arturo Macías, uno de los encargados de elaborar el reporte.

"Lo que tenemos son elementos presuncionales. Los testigos nos informan que los policías los reunieron en dos camiones, y que uno de ellos se escuchaban gritos de mujeres que al parecer estaban siendo agredidas sexualmente, pero como todos estaban cubiertos o agachados en el camión no pudieron confirmarlo", explicó.

Destacó que en las entrevistas con los detenidos en el reclusorio estatal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez y con los heridos en los hospitales integrantes del Centro Prodh pudieron constatar las lesiones causadas por los agentes, y que varios de ellos tenían aún las huellas de los golpes y la ropa ensangrentada o destrozada.

Sobre las agresiones sexuales, la abogada Bárbara Zamora, representante de un grupo de los detenidos, aseguró que ella tiene conocimiento de por lo menos dos casos, aunque tampoco de manera directa, sino por versiones de algunos de sus representados.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) continúa recibiendo quejas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de los detenidos y sus familiares durante el operativo del 4 de mayo.

Ocho visitadores adjuntos del organismo y cuatro peritos médicos están asignados a la investigación del caso, y siguen entrevistándose con los afectados para elaborar el informe que presentará en breve la comisión, la cual informó inicialmente haber recibido denuncias por uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes policiacos.

Pedirán intervención de la CIDH

El Centro Pro confirmó que prepara una solicitud de medidas cautelares contra la incomunicación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de Saúl Ríos Moreno, integrante del FPDT detenido el 4 de mayo y cuyo paradero se desconoce hasta el día de hoy.

El organismo informó que Ríos Moreno es el único caso documentado de desaparición hasta ahora, aun cuando familiares de los detenidos en el operativo han dado diferentes cifras, que van de los 27 a los 400 personas de quienes presuntamente se desconoce su paradero.

Detienen a activistas

La Red Nacional de Organismos Civiles "Todos los derechos para todas y todos" (Red- TDT) denunció que el pasado 4 de mayo fueron detenidos en San Salvador Atenco Damián Camacho y Pedro Álvaro Delgado, defensores de derechos humanos, y exigió su inmediata liberación.

El organismo calificó de ilegal y arbitraria la detención de los activistas y denunció que además se violó su derecho al proceso, pues no se les remitió de inmediato ante la autoridad competente, no se les informó de los cargos en su contra ni tuvieron asistencia legal desde el momento mismo de su detención.

Además de su liberación, la Red TDT pidió que se investigue y sancione a los responsables de los abusos y se den garantías plenas para el desarrollo de su trabajo.