Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), se congratuló de lo que calificó como un hecho histórico que dignifica la labor del Poder Legislativo.

"La labor de los legisladores es histórica, porque está colocando a los consumidores en el centro de la política económica. Fue una gran decisión de Estado, en donde todos los partidos y el sector privado se han sumado", afirmó en entrevista posterior a la aprobación de la ley.

La intención de esta ley es eliminar los monopolios y aplicar mayores sanciones económicas y restricciones a aquellas empresas que realizan prácticas anticompetitivas.

En esencia, en la nueva ley amplía las facultades de la Comisión Federal de Competencia (CFC) para castigar las prácticas monopólicas y eleva contra las empresas que reincidan en prácticas anticompetitivas.

Además establece la posibilidad de que la CFC realice indulgencias en favor de aquellos empresarios que aporten información sobre prácticas de colusión en contra de empresas competidoras.

Entre las adecuaciones que logró consensuar Pérez Motta con los legisladores, está la de incluir un apartado en la ley que le otorgue al organismo facultades para dividir, en casos muy extremos y de reincidencia, los activos de empresas que no fomenten la sana competencia.

Estas modificaciones provocaron el rechazo de empresas como Grupo Carso, Telmex y Femsa, que argumentaban que de aprobarse dicha ley propiciaría incertidumbre y poca claridad a los empresarios.

De hecho, el equipo de Carlos Slim efectuó presiones hacia los diputados que finalmente aprobaron el documento el martes pasado. Posteriormente siguió el cabildeo con los senadores y los medios, argumentando exceso de facultades hacia la CFC para aplicar sanciones que serían "ruinosas" para las compañías, y control en las decisiones, las cuales serían inapelables, restando el derecho constitucional de audiencia.

La presencia de los grandes corporativos llegó a tal grado, que Alberto Cobos y Javier Mondragón, cabildero y asesor jurídico de Telmex y Grupo Carso, se apersonaron desde el miércoles para lograr modificar, sin éxito, la minuta.

El jueves, Carlos Slim, presidente del Grupo Carso, se manifestó en favor de la ley, pero con ciertas modificaciones, como es el ampliar el derecho de audiencia a las empresas.

Entre los cambios que hizo la Cámara de Diputados y que ratificó el Senado destaca la creación de un artículo transitorio que establece que, una vez que el actual titular del organismo deje su cargo, el nuevo presidente de la CFC permanecerá 10 años en la comisión, seis como presidente y cuatro años más como uno de los cuatro comisionados que conforman el pleno del organismo.

Se estableció que los expedientes, cuya antigüedad sean mayores a 10 años, sean eliminados de las investigaciones en contra de alguna empresa que incurrió en prácticas en contra de la sana competencia.