Diputados de todos los partidos, excepto el PT, también exigieron una investigación de la supuesta injerencia de Marón Torres, luego de que se publicaron ayer conversaciones telefónicas en las que el empresario Kamel Nacif conversa con los gobernadores de Puebla y Chiapas, Pablo Salazar, y otras personas, para procesar judicialmente a Cacho sin respetar sus derechos y atentar contra su integridad física.

La periodista y escritora Lydia Cacho fue detenida en Cancún el 16 de diciembre de 2005, por agentes judiciales de Puebla, quienes la trasladaron en automóvil a ese estado para enfrentar una demanda del empresario Nacif por difamación. Cacho publicó su libro Los Demonios del Edén, en el que trata un caso de pederastia que motivó la demanda en su contra.

Tras revelarse ayer las conversaciones telefónicas de Nacif y Marín, las dirigencias del PAN y PRD exigieron la renuncia del gobernador de Puebla para que no haya interferencias en una investigación.

De gira por el estado de México, el candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón, expresó su repudio "a esta barbarie", y demandó una investigación a fondo. "Me vale que sea el gobernador y que sea un empresario poderoso, que se les castigue, caiga quien caiga".

El líder del Partido Nueva Alianza (Panal), Miguel Ángel Jiménez, exigió el Senado formar una comisión para analizar la posible desaparición de poderes en Puebla.

El caso también provocó reacciones en el Congreso. Las bancadas del PRI, PVEM, PRD, Convergencia y PAN en la Cámara de Diputados exigieron, desde la tribuna, una investigación de la presunta injerencia de Marín para que el Poder Judicial actuara en perjuicio de Cacho.

Diputados perredistas demandarán juicio político en contra del mandatario poblano; mientras que los panistas pidieron al gobierno federal atraer el caso.

El primero en abordar el caso fue el legislador de Convergencia, Jesús González Schmal, quien expresó "el repudio y condena a quienes tratan de acallar la crítica y la libertad de expresión", y se pronunció para que el gobernador de Puebla sea llamado a cuentas "por estos actos que avergüenzan a México".

En su turno, los legisladores Jorge Kahwagi (PVEM) y el poblano José Alarcón Hernández (PRI), se pronunciaron en favor de la libertad de expresión y por una investigación ante el contenido de las supuestas grabaciones telefónicas dadas a conocer, aunque Alarcón acusó al gobierno del presidente Vicente Fox de espiar.

Pedirán su renuncia

Senadores de PAN y PRD exigieron que Mario Marín se separe de su cargo para ser investigado, pero también alertaron sobre los riesgos del espionaje telefónico.

"No sería muy conveniente seguir abundando sobre este tema, porque sería caer en el juego de quien de manera ilícita sacó ese tipo de conversaciones. Yo diría que están descalificadas, que hay que tomarlas en su justa dimensión", aseguró el vicepresidente del Senado, César Jáuregui.

El coordinador de los senadores del PRD, César Ojeda, adelantó que mañana su grupo parlamentario pedirá que Marín pida licencia al cargo hasta que concluya la investigación. Esta posición fue respaldada por el senador del Partido Acción Nacional, Francisco Fraile.

Dijo que se recomendará que la PGR atraiga el caso.

Gobernación, preocupada

La Secretaría de Gobernación expresó la preocupación del gobierno por la mención de los mandatarios Marín y Salazar.

(Con información de Alejandro Torres, Lilia Saúl, Sergio Jiménez, Jorge Ochoa, Juan Arvizu y Alberto Morales)