En los primeros ocho meses del año, la lucha territorial y el "ajuste de cuentas" del narcotráfico y el crimen organizado cobró en el país poco más de un millar de muertes. Muchas de éstas con crueldad excesiva y a pesar de intensificarse la presencia policiaca en algunos estados, por ejemplo con el operativo México Seguro, y sin que se haya castigado o detenido a la mayoría de los responsables. "En México se vive una atmósfera viciada que envenena y en la que por todos lados la muerte se hace presente", expresó en mayo el cardenal Norberto Rivera.
Según cifras oficiales, en lo que va del año se han registrado 418 asesinatos en Sinaloa, seguido por 229 en Tamaulipas, 222 en Michoacán, 85 en Durango, 74 en Baja California, 73 en Chihuahua, 63 en Sonora, 45 en Jalisco, 25 en Nuevo León y 13 en Guerrero.
Entre las ciudades con más ejecutados como se les denomina en el argot policial están Culiacán con 228, Nuevo Laredo con 118, Ciudad Juárez con 53, Reynosa con 47, Tijuana con 44, Matamoros con 37, Mazatlán con 31 y la zona metropolitana de Guadalajara con 29.
En su mayoría, las muertes incluyeron el "tiro de gracia" fueron causadas con armas de alto poder de uso exclusivo del Ejército; muchas de las víctimas fueron sometidas a severas torturas, vendadas y atadas de pies y manos, y varias aparecieron calcinadas.
Lo notable es que han sido aclarados pocos de los asesinatos. En Tamaulipas, de 17 casos directamente relacionados con el narcotráfico, se aclaró uno; pero ninguno de los 81 en los que "se presumen" causas del tráfico de drogas ni de 17 atraídos por la Procuraduría General de la República (PGR).
Al inicio del año, la PGR reveló que en el país el narcotráfico es operado por al menos siete grupos, en su mayoría dirigidos desde prisiones de alta seguridad, como en el caso del cártel de Tijuana, cuyo jefe, Benjamín Arellano Félix, está en La Palma.
El poder de esos cárteles es de tal magnitud, que en junio la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló que desplazaron ya a los colombianos en el control del tráfico de cocaína a Estados Unidos.
Para las autoridades, incluída la PGR, los cárteles están enfrentados por el control de zonas estratégicas para el paso de narcóticos a EU; para ello, han penetrado las filas de la policía e instituciones de procuración de justicia del país.
Según la PGR, la guerra de los narcos inició en febrero de 2003 en el norte de Tamaulipas, cuando fueron enviados unos 200 pistoleros reclutados en Sinaloa y Jalisco por el cártel de Sinaloa, que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán, para enfrentar a Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo integrado por desertores del Ejército.
Las víctimas del narco
Esa violencia no sólo involucra a los actores directos y a efectivos policiacos enfrentados o ligados con los delincuentes, también a informadores que han sido asesinados, secuestrados o desaparecidos.
En junio, el jefe de la policía de Nuevo Laredo, Alejandro Domínguez Cuello, fue asesinado a tiros el mismo día en que asumió el mando. Así, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, José G. Martín Rábago, dijo que México lleva el mismo camino que Colombia por el control que tiene el narcotráfico.
Desde enero, el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajador Antonio Garza, advirtió a sus conacionales de los supuestos riesgos que podrían correr al viajar a México.
El 14 de junio, un día después de un confuso enfrentamiento entre efectivos de la policía municipal y de la AFI, se implementó en Nuevo Laredo y otras siete ciudades de los estados de Tamaulipas, Sinaloa y Baja California el programa México Seguro, que involucra a todas las fuerzas federales y al Ejército, y que paulatinamente se extendió por algunos estados del país.
Sin embargo, la violencia no sólo no cedió sino que se extendió a estados como Guerrero, Quintana Roo, Puebla y Zacatecas.
