Explicó que este proceso de urbanización que de manera irregular presentan algunas áreas ecológicas, sobre todo de la zona metropolitana del valle de México, es resultado de la fuerte presión que enfrentan ante las corrientes migratorias, toda vez que cada año arrastran a por lo menos 360 mil personas procedentes de otras entidades en busca de empleo y vivienda accesible.

Señaló que la mayoría de los migrantes procedentes de Michoacán Oaxaca, Puebla, Veracruz y aun del Distrito Federal buscan empleo en la capital del país pero se asientan en suelo mexiquense y en áreas no aptas para el desarrollo urbano.

Destacó que ante esta situación la Secretaría de Ecología inició una revisión de los más de 60 decretos de declaratoria de áreas protegidas para replantearlos y ajustarlos a la realidad, por lo que en breve podría darse a conocer la reestructuración de los mismos.

López Trujillo consideró que de éste análisis podría desprenderse la "liberación" de las más de 100 mil hectáreas que actualmente están consideradas dentro de los decretos pero que se encuentran, en la realidad, ocupadas totalmente.

"Nosotros estamos en un proceso de reestructuración de todas las áreas naturales protegidas para proteger aquellas que realmente sirvan o estén realmente en esa condición y liberar las que ya se invadieron y tienen verdaderos desarrollos habitacionales", puntualizó.

Respecto a la Sierra de Guadalupe, señaló que es la zona natural más afectada por los asentamientos humanos, muchos de ellos irregulares, y que al menos el 20 por ciento de sus más de 2 mil 500 hectáreas se encuentran invadidas tanto por conjuntos residenciales ya totalmente urbanizados como por áreas irregulares de colonos que están presionando fuertemente para que se les introduzcan servicios.

Reconoció que de esta área protegida apenas si se han logrado conservar sus cumbres, ya que las áreas bajas están completamente invadidas y sería muy difícil revertir los procesos urbanos que enfrenta.