Es decir, el estado en que se encuentra casi el 50 por ciento de la red de 54 mil kilómetros de ductos que recorren todo el país es obsoleta, principalmente por los niveles de corrosión que presenta.

Estos ductos que transportan petróleo crudo, gas natural y gasolinas, entre otros hidrocarburos, son una "inminente amenaza ambiental para los habitantes del país", señaló Alejandro Calvillo, director ejecutivo de Greenpeace México.

El activista ecológico comentó que hoy acudirán a la Secretaría de Gobernación (SG) y a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados para entregar una misiva. En ésta, exigirán a la SG que garantice la seguridad de la población que se encuentra en zonas petroleras, con el fin de evitar más accidentes como el ocurrido hace 11 días en Veracruz, donde un pozo de Pemex explotó y originó el "derrame de 30 mil barriles de petróleo" según estimación de Greenpeace sobre el río Coatzacoalcos.

Para Greenpeace, Petróleos Mexicanos es responsable de 57 por ciento de las emergencias ambientales en el país con sustancias peligrosas.

El documento del IMP al que hace referencia Greenpeace, señala que "cerca de la mitad de los oleoductos tienen más de 30 años de operación y, a pesar del constante mantenimiento, ocurren problemas provocados por la corrosión y fallas del material".

Contingencias

Hasta la fecha, de acuerdo con datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de 1997 a 2001 se tienen registrados mil 470 desastres ambientales; Veracruz es la entidad con mayor número de contingencias ecológicas (502), seguido por Campeche con 419 y Tabasco con 391.

Alejandro Calvillo abundó que en estos tres estados las emergencias son causadas por problemas en los ductos y 57 por ciento de este tipo de accidentes provocan derrames de algún hidrocarburo.

En conferencia de prensa, Maritza Jacott, coordinadora de la campaña de tóxicos de Greenpeace, señaló que sólo dos de las ocho compañías que Pemex contrató para retirar el crudo en el río Coatzacoalcos cuentan con el Registro Federal de Empresas Autorizadas para la Restauración de Suelos Contaminados.

Se trata de las Saint Martín y Urbis, quienes sí poseen el registro que otorga la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mientras que Lico Ambiental, Resago y Recover no aparecen en dicho registro. Las tres restantes se desconoce su razón social, porque la paraestatal mantiene esa información en el anonimato, precisó Maritza Jacott.

Asimismo, la activista mostró un video donde se muestran los trabajos de limpieza en Nanchital, Veracruz, la zona más afectada por el derrame del 22 de diciembre del año pasado.

En las imágenes se observa a campesinos y pescadores que trabajan sin el equipo adecuado como botas, overoles impermeables, guantes o máscaras para evitar que inhalen los gases que aún expide el crudo derramado en la zona.