Un mes después de los disturbios, al margen de la marcha del 2 de octubre, ninguno de los detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local está en prisión. De hecho, los únicos dos jóvenes que permanecieron encarcelados en el Reclusorio Norte, por el delito de daño en propiedad ajena agravado, alcanzaron su libertad, luego de que la parte acusadora les otorgara el perdón jurídico a menos de 30 días de los actos vandálicos. Asimismo, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) tiene identificadas a cinco personas que pudieron haber participado en los hechos delictivos que, de acuerdo con organizaciones comerciales, dejaron pérdidas materiales por cerca de 10 millones de pesos e ingresos no generados por otros 100 millones de pesos, aproximadamente.
Hasta el momento, sólo cinco de los detenidos inicialmente enfrentan un proceso penal por los destrozos a comercios y dependencias públicas, aunque lo hacen fuera de prisión, por el beneficio de la libertad bajo caución, que les confiere la ley al garantizar la reparación del daño.
Es decir, de 75 personas detenidas en flagrancia, durante los disturbios del 2 de octubre, 70 gozan de libertad total y cinco de manera parcial, lo que significa técnicamente que (a reserva de los cinco) ninguno de los asegurados por la Policía Preventiva tuvo participación en los hechos violentos.
Incluso, no se ha encontrado a ninguno de los 250 "agitadores" que las autoridades ubicaron horas después de los destrozos, y que definieron como parte de una red bien articulada, que contaba con financiamiento internacional.
Cuenta regresiva
El 2 de octubre, cuatro horas después de los disturbios, las autoridades policiacas encontraron la justificación a sus actos. Según la SSP local, grupos de choque se habían infiltrado en la marcha, estaban perfectamente organizados, querían provocar a la policía y eran financiados por una mujer de origen estadounidense.
Los reportes de "inteligencia" advertían de la participación de los vándalos durante la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en Cancún, Quintana Roo, pero alrededor de 50 fotografías de estudiantes y anarcopunks , enviadas por la Policía Federal Preventiva (PFP) a la Procuraduría capitalina, dicen lo contrario. Ninguno de los jóvenes identificados en Cancún estuvo entre los destrozos en la ciudad.
Esa misma noche, la PGJDF deslindó responsabilidades para los 75 detenidos, de los cuales nueve adultos quedaron libres, al igual que ocho menores; 16 personas fueron enviadas al Juzgado Cívico; cuatro más a la PGR, por delitos contra la salud; 31 al comisionado para Menores, y siete más (cuatro de ellos pagaron fianza en el Ministerio Público, por lo que se consignó el expediente sin detenido) consignados ante un juez penal, en el Reclusorio Norte.
Un mes después, la Procuraduría identifica a cinco posibles vándalos mediante imágenes digitalizadas, en espera de que al menos 50 rostros "congelados" cuenten con nombre y apellido, pero ninguno está preso.
