Tijuana , BC. La actividad más afectada en la frontera, tras los ataques del 11 de septiembre del 2001, fue la migración obligada, la que empuja a miles de personas a salir de sus países en busca de oportunidades en Estados Unidos, luego de que los vecinos del norte decidieron combatirlos con las mismas estrategias que a los delincuentes.

Activistas de ambos lados de la frontera coinciden en condenar esta actitud del gobierno estadounidense. Afirman así que no sólo se está dando trato de criminales a quienes buscan un mejor nivel de vida, pues además empujan a la muerte a quienes cruzan por sitios cada vez más peligrosos al eludir la sobrevigilancia de las rutas "seguras".

Mary Galván, trabajadora social de la Casa de la Mujer Migrante Madre Assunta, de Tijuana, acusó que la militarización de la vigilancia fronteriza bajo el argumento de impedir la entrada de "enemigos", movió aún más las rutas de migración que había desviado el Operativo Guardián a finales de 1994, hacia caminos peligrosos y mortales.

El resultado es que a la fecha ya han muerto más de 2 mil 500 migrantes en su intento por llegar a EU, muchos de ellos luego del 11 de septiembre de 2001, pese a las estadísticas que señalan una reducción en el número de cruces de indocumentados al vecino país y de deportaciones a México.

Los números que reporta el Instituto Nacional de Migración (INM) confirman ese descenso en el índice de repatriaciones, tendencia que se marcó especialmente en los meses posteriores a los atentados al caer hasta la mitad.

Christian Ramírez y Lorenzo Loo, del Comité de Amigos Americanos de San Diego y la Asociación de Inmigrantes Mexicanos en Los Ángeles y San Diego, California, respectivamente, denunciaron una serie de abusos contra la comunidad hispana, los cuales se han venido agravando bajo el argumento de preservar la seguridad nacional.

En el lado mexicano, representantes de la sociedad también reportan cambios, principalmente en la actividad comercial y turística, las cuales sufrieron una drástica caída; a la fecha no reportan una recuperación total.

Un rubro adicional afectado es el de la seguridad. De acuerdo con el procurador de Justicia del estado, Antonio Martínez Luna, la llegada de deportados, algunos con antecedentes penales y otros sin empleo, influyó en alguna medida para aumentar los indicadores delictivos.

Se recrudece política antimigrante

En California las cosas van peor, principalmente para las poblaciones minoritarias de origen hispano, árabe, asiático o africano, según reportan activistas.

Lorenzo Loo, director de la Asociación de Inmigrantes Mexicanos, denunció que aunque en general la vida para los latinos que viven legalmente en Los Ángeles no ha sufrido cambios, los indocumentados se enfrentan a mayor marginación al grado de que ni siquiera pueden contratar los servicios más elementales.

Algunos que se han "atrevido" a solicitar alguna identificación de California o licencia de conducir con sus visas de turista, son interceptados en el aeropuerto apenas regresan al país luego de viajar al exterior, y de ahí son deportados sin mayor trámite.

La autoridad migratoria mantiene contacto permanente con el Departamento de Vehículos de esa ciudad, para verificar el estado legal de quienes hacen algún trámite.

En San Diego la situación es cada vez más difícil con las redadas de la Patrulla Fronteriza, ahora con apoyo de la policía del condado, además de las políticas por aprobarse como el "Acto Patriota 2", que advierte que todo aquel que critique al gobierno estadounidense será encarcelado.

Adicionalmente esta ley probablemente será aprobada plantea que las personas originarias del Medio Oriente, sur de Asia o norte de África se registren de manera obligada ante las autoridades migratorias.

Y por si fuera poco, la nueva legislatura le está dando más facultades al Buró Federal de Investigaciones (FBI) para que intervenga teléfonos y cualquier tipo de comunicación de los opositores del gobierno, con el fin de tener un mayor control sobre ellos. En su caso particular, Loo dijo tener pruebas de que están siendo vigilados.

Otro tema grave son las redadas que realiza de manera permanente la Patrulla Fronteriza y la Policía del Condado en abierta violación de algunos acuerdos. La prueba más contundente fue una batida que hicieron en las inmediaciones del Consulado de México en San Diego donde detuvieron y deportaron a una familia completa, y otras cerca de escuelas, iglesias y zonas de esparcimiento.

Christian Ramírez, director del Comité de Amigos Americanos de San Diego dijo lo anterior al considerar que la situación es más difícil en este condado por la presencia de la base militar Camp Pendelton y la naval de Isla Coronado, que intensifican el sentido patriótico de los anglosajones y al mismo tiempo las demostraciones antimigrantes.

El activista acusó que aun cuando hoy no hay elementos de la Guardia Nacional vigilando la frontera o las garitas, los elementos de la Patrulla Fronteriza y Aduanas reciben capacitación militar, de ahí que hay preocupación por la militarización.