Emilio Botín, presidente de Santander Central Hispano (SCH), será puesto a juicio hoy por las acusaciones de haber utilizado recursos del banco para resolver una lucha de poder dentro del grupo financiero más grande de España.

Botín y dos ex ejecutivos de SCH han sido acusados de asignación y manejo inapropiado de recursos en relación con los paquetes de liquidación que el presidente arregló para José María Amusategui, ex copresidente de SCH, y Ángel Corcostegui, director general, cuando Santander se fusionó con Central Hispano en 1999 para constituir el banco más grande de España.

De ser encontrados culpables, los tres enfrentarían condenas de hasta seis años de cárcel. El año pasado, se les exigió establecer un bono de 165 millones de euros (215 millones de dólares) para cubrir posibles daños al banco.

Amusategui recibió un bono de retiro de 43.7 mde en agosto de 2001, y Corcostegui 108 mde en un arreglo sobre sus derechos de pensión en febrero de 2002. Los acuerdos de terminación de la relación laboral fueron aprobados por el consejo de SCH, además de ser incluidos en los reportes anuales del banco y ratificados por los accionistas en asambleas generales.

La salida de los dos ejecutivos de Central Hispano, luego de meses de conflictos internos, dejó a Botín como único jefe del grupo tras la fusión.

La demanda es una vergüenza para Emilio Botín y un golpe a su reputación como el banquero más ambicioso y talentoso de España.

Aunque el presidente del SCH y sus coacusados niegan los cargos, colaboradores de Botín han externado su preocupación por el daño que el juicio podría causar al prestigio internacional del SCH, particularmente luego de que tomó control del británico Abbey National el año pasado.

Emilio Botín indicó a los accionistas el año pasado que Amusategui y Corcostegui habían sido "cruciales para el resonante éxito de la fusión" de Central Hispano con Santander.

"Sin ellos no habría sido posible concluir un proceso tan complejo. Al compensarlos, el consejo hizo lo que tenía que hacer, y lo hizo porque fue en el interés de todos los accionistas", señaló.

El ejecutivo enfrentará otro juicio este mismo año debido a acusaciones de fraude fiscal en relación con instrumentos de ahorro operados por Santander a finales de los años 80.

El fiscal del estado español recomendó el retiro de ambos casos contra Emilio Botín por falta de evidencia.

Pero Teresa Palacio, la magistrada investigadora en ambos casos, dictaminó que los juicios debían proseguir.

Los dos procesos criminales contra Botín fueron precedidos por las protestas presentadas por Juan Francisco Franco, accionista de Santander Central Hispano, y Rafael Pérez Escolar, ex ejecutivo de Banesto, banco español que quebró a principio de los 90.

Pérez Escolar fue encontrado culpable de fraude en relación con el derrumbe de Banesto y sentenciado a cuatro años de prisión, aunque sólo estuvo un mes en la cárcel debido a su precario estado de salud.

Banesto fue más tarde comprado por Santander como parte de un plan de rescate del Banco de España.

Desde entonces, Pérez Escolar ha sido un "clavo en el zapato" de Botín, contra quien ha presentado más de una decena de protestas legales.

Ejecutivos de SCH afirman que la campaña de Pérez Escolar es una venganza personal contra Botín. "Pérez Escobar fue hallado culpable gracias en buena medida a los documentos descubiertos por Santander cuando tomó el control de Banesto", indicó uno de los directores de SCH. "Desde entonces, ha estado buscando revancha".

Pérez Escolar negó ayer las acusaciones.

"La razón principal de la demanda no es el tamaño de los paquetes de compensación que fueron exorbitantes según los estándares españoles, sino el hecho de que estos pagos beneficiaron a las mismas personas que estaban negociando la fusión de Central Hispano con Santander", indicó. "Fue un arreglo secreto, aprobado retrospectivamente por el consejo de directores".