Buenos aires. Carlos Mesa obtuvo, sí, una victoria pírrica, después de su arriesgada jugada de presentar la renuncia. Se mostró victorioso en el Parlamento y desde los balcones del Palacio Quemado, pero en realidad quedó respaldado por una alianza, de centroderecha, conformada por los mismos partidos tradicionales que apoyaron hasta el final a Gonzalo Sánchez de Lozada. Se alió con los partidos que apenas unos días antes había estado encarando. En frente, se recreó la misma alianza que forzó la caída de aquel gobierno en octubre del 2003, los cocaleros de Evo Morales, los indigenistas de Felipe Quispe y la combativa Central Obrera de Jaime del Solar, con las Juntas vecinales. De esa forma la situación volvió casi al mismo estado que en los días previos al estallido de octubre.
Mesa, respaldado por la comunidad internacional y apoyado por 52 por ciento de los bolivianos, según las encuestas no es Sánchez de Lozada, pero quedó atrapado en su propio discurso. Si ahora quiere terminar con los bloqueos y las huelgas que semiparalizan al país, deberá apelar a la fuerza pública, algo que repitió muchas veces, se negaba a hacer, pero ayer lo utilizó como amenaza.
Del otro lado, Morales, quien funcionó como aliado del presidente hasta diciembre último, habla de "una declaración de guerra" en eso de convocar a los bolivianos a las plazas de todo el país para que hoy repudien las protestas. En una versión más radical que de costumbre, el dirigente cocalero llegó a hablar de "un baño de sangre" y acusó al presidente si eso ocurriese.
Ayer, volvieron los bloqueos en El Alto, los discursos fogosos y "revolucionarios" de Jaime Solares, el máximo dirigente de la COB, pero esta vez con una polarización en torno a qué hacer con los recursos petroleros, que para algunos analistas como Antonio Soruco "es peligroso".
Si el camino escogido por Mesa aparece ya como inviable, Bolivia, con sus altos niveles de pobreza y sus cuantiosas riquezas gasíferas (que mueven innumerables intereses), se muestra casi como ingobernable: entre los actores en conflicto, el gobierno de la racionalidad y los sectores más empobrecidos que representan la triada MoralesQuispe-Solares, aparecen varios actores, las multinacionales como Aguas de Illimany (del grupo francés Lyonaisse des Eaux) que para irse pide una indemnización de 50 millones de dólares, las petroleras como Repsol y Petrobrás que presionan por una ley de hidrocarburos que Mesa impulsa con el pago de 18 por ciento de las regalías y 30 por ciento en impuestos por ganancias brutas (contra 50 por ciento de regalías que pretende Morales), y los gobiernos de Argentina y Brasil que quieren asegurarse la provisión de gas ante la crisis energética que viven.
Aparecen también otros intereses políticos de aquellos que ven en Bolivia un estado prerrevolucionario que al propio Che Guevara le hubiese gustado encontrar en La Higuera en 1967.
En esta coyuntura, el que quemó las naves ahora es Morales, al igual que lo hizo el presidente la noche del domingo. A Mesa la jugada no le salió todo lo bien que hubiese deseado.
