Esa es la opinión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), encargado de velar por el respeto de las llamadas "leyes de la guerra", y que ha instado a los gobiernos a "asumir su responsabilidad".

Las empresas militares privadas han dejado de ser "un fenómeno marginal, como ocurría hace sólo unos años", y sus empleados "se han convertido en nuevos actores en zonas de guerra, donde llevan a cabo actividades cada vez más diversificadas en sectores que estaban reservados a las Fuerzas Armadas", explica Gilles Carbonnier, del CICR.

"Nuestra preocupación es que (esos mercenarios) conozcan y respeten el derecho internacional humanitario. Pero hay que reconocer que existe actualmente una zona gris en materia jurídica", señala Carbonnier en declaraciones al diario ginebrino Le Temps .

"Si cometen exacciones, tendrían, en principio, que responder ante la justicia local, pero ésta es muchas veces demasiado débil en los países en guerra", dice el experto del CICR, según el cual, de lo que se trata es de "evitar que puedan actuar con impunidad".

"El CICR ha decidido hacer un llamamiento a los Estados para que asuman su responsabilidad de respetar y hacer respetar las convenciones de Ginebra por parte de esas empresas militares privadas que actúan en zonas de conflictos armados", explica Carbonnier.

El CICR está analizando actualmente las legislaciones existentes para ver en qué medida cubren las nuevas situaciones que se presentan sobre el terreno y con qué normas deberían completarse, agrega.

Se trata, por ejemplo, de determinar ante la justicia de qué país debería responder, por ejemplo, un mercenario sudafricano reclutado por una empresa militar estadounidense y que pueda haber violado el derecho internacional humanitario en Irak.

Según algunas informaciones, actualmente trabajan en Irak alrededor de 20 mil soldados privados, lo que equivale aproximadamente a 15 por ciento de los efectivos militares de EU en ese país.

No se trata, sin embargo, de "forajidos" o "cazadores de recompensas" sino de empleados de sociedades multinacionales, muchas de las cuales cotizan en la Bolsa y facturan anualmente, sólo en ese sector de actividades, alrededor de 100 mil millones de dólares.

El profesor Peter Singer, de la Universidad de Princeton, ha sido el primero en alertar de los efectos perversos de la privatización de la guerra. "Los soldados son responsables cuando violan el código militar. Pero los privados no forman parte formalmente de la cadena de mando y no pueden ser perseguidos", señala.

Los políticos tienen interés en recurrir a esos soldados privados, ya que si mueren o son hechos prisioneros, la opinión pública no se volverá contra el gobierno de EU, por ejemplo, como si se tratase de sus "chicos", señalan los expertos citados por Le Temps .