La determinación fue adoptada el lunes, cuando se decidió también transmitir al gobierno mexicano la queja del académico y político.

Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la CIDH, informó que la decisión fue comunicada al gobierno mexicano, para que responda, en su caso, y al beneficiario.

Ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que la Comisión Interamericana le notificó sobre la aprobación de las "medidas cautelares" en favor Castañeda.

En México, la consejera del IFE Lourdes López Flores, integrante de la Comisión de Fiscalización, consideró que la resolución de la CIDH "es una recomendación" y el que le conceda medidas cautelares a Jorge Castañeda no obliga a las autoridades electorales a registrarlo como candidato independiente.

Explicó que las medidas cautelares sólo plantean la necesidad de que se lleve a cabo un reforma electoral para abrir esa posibilidad y esto lo tendría que hacer el Congreso.

Comentó que la decisión tomada por la Corte Interamericana evidencia un vacío en las normas mexicanas y es un problema que correspondería resolver al Estado.

Un reporte de la CIDH señaló ya en 1998 que la ley electoral mexicana carecía de previsiones para la participación de candidatos independientes en los comicios presidenciales, en lo que consideró una limitación de recursos legales.

Con base en la Constitución, la consejera recordó que tres meses antes de que inicie el proceso 20052006 (que arrancó el pasado 6 de octubre) y durante su desarrollo, no se puede reformar la ley electoral.

El 5 de marzo de 2004 Jorge Castañeda solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas del IFE que se le registrara como candidato independiente a la Presidencia para competir en los comicios de 2006.

Una semana después, el entonces director de Prerrogativas, Alejandro Poiré, le respondió que era inaceptable su petición porque el registro para candidatos a la Presidencia es del 1 al 15 de enero del 2006, según el Código Electoral.

Además recordó que por ley sólo los partidos pueden registrar a sus candidatos. Ante este rechazo, Castañeda llevó su caso a los tribunales y el 11 de noviembre de 2004 el décimo cuatro tribunal colegiado en materia administrativa resolvió turnar el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El pasado 16 de agosto, la Corte tampoco le dio la razón a Castañeda y acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sobre este tema Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del IFE, señaló el pasado 13 de octubre que la responsabilidad del instituto es observar la ley.

"El IFE seguirá manifestando, hasta que hayan registrado candidatos, que la única vía para eso son los partidos. La única manera de que el IFE pudiese modificar esa decisión hubiese sido a través de una sentencia de Corte, o bien, si el Congreso mexicano hubiese cambiado la ley electoral. Ya no es posible ninguna reforma legal y la Corte ya se pronunció en el sentido de no atender el amparo", dijo.