21:53 El juzgado tercero de Distrito con sede en Cancún consideró que la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo fabricó delitos en contra de 34 miembros de la Asociación Latinoamericana de Activistas Sociales (ALAS) y les concedió la protección de la justicia federal por la última acusación que pesaba en contra de ellos por ultrajes a la autoridad, se informó esta noche.
La juez federal Ana María Nava Ortega estimó ilegal el auto de formal prisión dictado el 21 de junio por la instancia estatal, relacionado con la causa penal 142/2005, iniciada con motivo de los violentos acontecimientos del 13 de junio, cuando fuerzas policiacas del gobierno de Quintana Roo y del municipio de Benito Juárez (Cancún) arremetieron en contra de unos 200 manifestantes que expresaban su repudio por una campaña de persecución desatada en contra de la casa hogar "La Casita", a cuyos directivos acusan de retener a niños en contra de su voluntad, lo cual ha sido rechazado.
En esa marcha participaron delegados de organizaciones extranjeras que contribuyen al sosteniendo de la labor de la hoy cuestionada institución, así como simpatizantes de otras partes del país y residentes locales, 34 de los cuales fueron detenidos con saña, fincándoseles siete delitos: ataques a las vías de comunicación, motín, sedición, portación de arma prohibida, robo calificado, lesiones dolosas y ultrajes a la autoridad.
Del primero de los delitos la PGR otorgó inmediatamente libertad a los actividades por no existir elementos para procesar, en tanto que otros cinco delitos fueron desechados por el juez cuarto penal Isidoro Castro Arrieta, al no encontrar suficiente fundamentación, aunque sí dictó auto de formal prisión por ultrajes a la autoridad contra los 34 detenidos.
Contra dicho auto de formal prisión se inició el juicio de amparo 996/2005 en el juzgado tercero de distrito, en el que el lunes 15 de agosto fue dictada sentencia que otorga amparo de la justicia federal a los 34 activistas, al considerar la autoridad sin sustento los cargos, resolución que fue notificada a los interesados este miércoles.
Los acusados previamente habían alcanzado libertad bajo fianza.
El robo calificado era porque un judicial perdió una esclavita cuando estuvo golpeando a los manifestantes; las lesiones dolosas, era por la inflamación de las yema de los dedos de uno de los elementos de Migración; los delitos de motín y sedición no tuvieron nada; la portación de armas prohibidas, fue por unos machetes y otros artefactos que se comprobó fueron "sembrados" por la misma Procuraduría.
El último delito que quedaba era el de ultrajes a la autoridad, de una supuesta ofensa a unos agentes del Instituto Nacional de Migración.
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