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Gira un juez orden de aprehensión contra Adal .

La Procuraduría General de la República busca detener al conductor del programa televisivo Otro Rollo; lo acusa de defraudación fiscal por más de 20 millones de pesos
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Francisco Gómez
El Universal
Ciudad de México
Domingo 01 de mayo de 2005

03:12 La Procuraduría General de la República (PGR) busca detener al showman de Televisa, Adal Ramones, conductor del programa televisivo Otro Rollo, tras girarse una orden de aprehensión en su contra por una acusación de defraudación fiscal por más de 20 millones de pesos.

Informes de la PGR señalan que al conductor de televisión se le giró una orden de aprehensión tras de que el Tercer Tribunal Unitario, a cargo del magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, revocó el acuerdo de un juez que inicialmente se negó a autorizar el arresto del también actor de teatro y cine.

La dependencia del gobierno federal indicó que la orden de aprehensión girada contra Adal Ramones, cuyo nombre verdadero es Adalberto Javier Ramones Martínez, se debió a que éste no cumplió con diversos requerimientos fiscales derivados de sus ingresos y que alcanzan la cifra de más de 20 millones de pesos.

Con esta orden de aprehensión, Adal Ramones se suma a la lista de artistas que han tenido problemas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el pago de impuestos. Otros actores que han tenido problemas fiscales son Jorge Castro, integrante de los Hermanos Castro; los cantantes Lupita D`Alessio y Laureano Brizuela, y sólo en el caso de Juan Gabriel éste llegó a un acuerdo para pagar en partes al fisco.

Autoridades de la PGR confirmaron que Adal Ramones era buscado ya por agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), con el fin de ser puesto a disposición del juez 12 de procesos penales federales, José de Jesús Olvera López, quien será el encargado de llevar el proceso.

El Ministerio Público de la Federación de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros logró esta orden de aprehensión luego de que hace varios meses recibió la denuncia de la Secretaría de Hacienda e inició la averiguación previa correspondiente que consignó ante el juez que se negó a autorizar el arresto, pero que al apelar logró que el magistrado Luna Altamirano se la otorgara.

 
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