Ante la consignación del expediente del señor López hecha por la Procuraduría General de la República, la Presidencia desea precisar lo siguiente:

Los tres Poderes de la Unión son garantes del cumplimiento del Estado de derecho y del respeto a las instituciones.

En el proceso del señor López, la Presidencia de la República se ha limitado a cumplir con la responsabilidad que le marca la ley.

No se fortalece a la República con una estrategia que trata de poner las cosas al revés, en donde el acusado quiere convertirse en acusador y exigir disculpas.

La ley marca claramente el castigo para quien la infringe, así como también otorga al infractor los instrumentos para su defensa.

El día de ayer el Ministerio Público ha cumplido con su obligación de ejercer acción penal en contra del señor López por el desacato a la suspensión dictada por el juez noveno de distrito en favor de los propietarios del Encino.

Con base en sus facultades, el Ministerio Público consignó y el Poder Judicial ha turnado el expediente al Juzgado competente en materia de Procesos Penales Federales en el Reclusorio Preventivo Oriente.

El Ministerio Público remitió el expediente con 16 mil fojas y el pliego de consignación con 300 cuartillas solicitando la orden de comparecencia a proceso penal contra el señor López para que él pueda, en libertad, defender su caso ante el juzgado competente.

El señor López por derecho constitucional goza de la libertad provisional bajo caución desde la averiguación previa y gozará de ella durante todo el tiempo del proceso penal, en virtud de que la fianza ya fue otorgada.

Ahora el caso del señor López está en el ámbito del Poder Judicial y, reiteramos, que la Presidencia de la República es respetuosa del principio de separación de poderes y de la autonomía judicial.

El Señor López ha tenido en todo momento vías legales para defenderse y a él corresponde la decisión de usarlas.

La democracia se fortalece con la aplicación de la ley. La Presidencia convoca a que todos nos conduzcamos dentro del respeto al derecho y a nuestras instituciones. Garanticemos las condiciones para que los jueces actúen con plena independencia y hagan su trabajo dentro de la justicia que deviene de los procedimientos legales.

Dejemos que el Poder Judicial asuma los tiempos del derecho y no los tiempos de la política.

La responsabilidad de los políticos está ante todo con el Estado democrático de derecho. Exhortamos al ciudadano López para que recurra a las instituciones y haga uso de los recursos que están previstos en la Ley para garantizar sus derechos y su defensa.

Reiteramos nuestro respeto al Poder Judicial. La certeza que emana de sus decisiones es trascendental para consolidar un gobierno de leyes y un México democrático.

Reiteramos que no hay intención de obstaculizar al señor López en sus aspiraciones de ser candidato a Presidente en el proceso electoral de 2006, si así lo decide su partido.

Pero tampoco hay intención de darle un trato privilegiado que le exima de llevar a cabo los procedimientos que, en su caso, imponga la ley.

Existe, en efecto, una acepción de la política, que la Presidencia asume como propia: la actividad que busca el bien común y que lo hace de muy diversas maneras: cuidando que no se atropellen las instituciones; que no se vulneren las funciones de los Poderes de la Unión; que el derecho proteja a los ciudadanos; que no se violente la convivencia pacífica de la sociedad.

Es tiempo de recuperar el ánimo de diálogo y la disposición al acuerdo.

Sólo la unidad y la búsqueda del bienestar común pueden proteger a la joven democracia mexicana de los peligros que la acechan.

Éste es el significado de la política que desde ahora debe prevalecer en nuestra esfera pública.

Fuente: Presidencia de la República