Hace un año, Carlos Ahumada Kurtz cimbró la escena política de la ciudad de México. Han transcurrido 365 días de investigaciones y procesos jurídicos, y él único protagonista de los videoescándalos que ha sido enjuiciado por recibir dinero del empresario de origen argentino es el ex delegado en Tlalpan, Carlos Ímaz Gispert, quien fue exonerado finalmente en tribunales por el cargo de delito electoral.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) capturó la semana pasada, en el estado de Hidalgo, a Francisco Martínez Rojo, otro ex jefe delegacional en Tláhuac, con presuntos nexos con Carlos Ahumada.

Martínez Rojo es acusado de un fraude genérico por más 29 millones de pesos durante su gestión, al adquirir material de construcción a empresas de Ahumada que nunca fueron entregados.

Un tercer ex delegado, Octavio Flores Millán, titular de Gustavo A. Madero hasta agosto del año pasado, continúa prófugo de la justicia desde el 10 del mismo mes, luego de que la Procuraduría capitalina lo vinculara con el fraude de 31 millones de pesos detectado en contra del erario público, por siete empresas propiedad del empresario de origen argentino.

Actualmente se encuentran en la cárcel dos antagonistas más de Ahumada Kurtz que aparecen en los videos que el propio empresario filmó en oficinas del Grupo Quart: René Bejarano Martínez, ex líder de la bancada perredita en la ALDF y Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas del DF. Ambos personajes son acusados también por la PGR, donde se les siguen procesos paralelos por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Bejarano fue despojado de su investidura como legislador local en noviembre del 2004, luego de que la Cámara de Diputados se erigiera como juzgado de procedencia para permitir el inicio de un proceso contra el ex coordinador perredista de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por tres delitos (lavado de dinero, promoción de conductas ilícitas y delito electoral), de los cuales, únicamente es procesado por delito electoral y alcanza fianza.

Sin embargo, la defensa del también ex secretario particular de Andrés Manuel López Obrador, prefirió enfrentar el proceso en prisión, debido a que la PGR consignó ante un juez federal su investigación por lavado de dinero, delito por el cual Bejarano tendría que estar internado en un penal de máxima seguridad.

Por su parte, Gustavo Ponce fue detenido en octubre del 2004 por la PGR en Tepoztlán, Morelos, luego de ser el político que inauguró los llamados videoescándalos, cuando una cinta que fue difundida en televisión abierta, mostraba al ex funcionario capitalino gastando importantes cantidades de dinero en un casino exclusivo del hotel Bellagio, en Las Vegas, Nevada.

Ponce Meléndez es acusado de uso de recursos de procedencia ilícita por ambas procuradurías (del DF y de la República) y su esposa, Esperanzs González, también está sujeta a investigación por realizar diversas operaciones financieras que se triangulaban de cuentas pertenecientes a Carlos Ahumada.

Todos los ex funcionarios (excepto Octavio Flores) esperan sentencia, aunque otros tres mandos medios de la Secretaría de Finanzas del DF Martha Delgado Arroyo, Alierso Caetano y Luis Salazar Cano cuentan con órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar, por su presunta participación en el fraude de 31 millones de pesos cometido en contra de la Gustavo A. Madero.

La etapa de desahogo de pruebas sigue su curso en los diferentes juzgados penales y se espera que a mediados de año empiecen a darse las sentencias en primera instancia, aunque todavía faltaría por resolver las acusaciones que tiene la PGR por delitos del fuero federal.