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Advierte documento que Los Pinos planean desafuero .

Expone el texto que circula al interior del GDF que desde las más altas esferas del poder un pequeño grupo busca evitar que el gobernante local contienda como candidato a la Presidencia de la República en el 2006
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Ella Grajeda
El Universal
Ciudad de México
Miércoles 23 de febrero de 2005

14:10 Al interior del Gobierno del Distrito Federal, empezó a circular un documento sobre el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el cual advierte que desde las más altas esferas del poder, un pequeño grupo busca evitar que el gobernante pueda contender como candidato a la Presidencia de la República en el 2006.

Están utilizando como pretexto, indica el texto escrito por el consejo de asesores de jefe de Gobierno capitalino, que López Obrador desobedeció la orden de un juez, en el caso del predio "El Encino".

En forma paralela, funcionarios como Alejandro Encinas, Marcelo Ebrard, Raquel Sosa y Octavio Romero Oropeza ofrecen pláticas diarias a servidores públicos sobre este caso y analizan los escenarios en caso de que la Sección Instructora decida desaforar al jefe de Gobierno local.

El documento destaca que Federico Escobedo, supuesto dueño de "El Encino", ha estado dos veces en prisión. Primero indica, por un fraude de más de 7 millones de pesos al Infonavit en 1993 y el segundo por evasión al fisco, en 1995.

"Esta es la persona que dice ser dueña del predio, aunque no es la única que lo afirma. Al menos dos personas más reclaman la propiedad de ese terreno que se encuentra en Santa Fe", subrayó.

También, relata la forma en que el juez noveno reconoció que siete de las ocho presuntas autoridades responsables no habían violado la suspensión definitiva. "El colmo de lo absurdo es que el mismo juez con las mismas inspecciones judiciales y la documentación las consideró como pruebas para declarar culpable a López Obrador".

En el texto, relata por fechas y hechos todo lo que ha sucedido en torno a este caso. Incluso, menciona que algunos funcionarios durante su declaración ministerial fueron interrogados de tal manera que hiciera suponer que el único responsable de no acatar la suspensión del juez era el gobernante local.

sgf/ocs

 
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