El mismo estudio reporta que en general los mexicanos comienzan a pagar mordidas a los 12 años para sobornar a profesores e incluso hay una probabilidad de 87 por ciento de que un mexicano haya incurrido cuando menos una vez en su vida en esta práctica.

Para las empresas el costo de fraudes y sobornos representa pérdidas que ascienden a casi 43 mil millones de dólares.

Estas prácticas tienen un costo para el país equivalente a 12 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), añade el documento.

El estudio se realizó mediante una encuesta a mil 376 empresas de los sectores de la manufactura, comercio, servicios y construcción.

De acuerdo con Arturo del Castillo, presidente de CEI, 43 por ciento de pequeñas y medianas empresas realiza de manera regular pagos extraoficiales a servidores públicos, y en 57 por ciento de los casos estas erogaciones ilegales son a funcionarios de gobiernos municipales; en 36 por ciento a servidores estatales y en 18 por ciento a federales.

Así, 10 por ciento de los ingresos anuales totales de estas compañías está destinado a pagos ilegales, por trámites y servicios, lo que representa 29 mil 700 millones de dólares, es decir 4.5 por ciento del PIB; situación que propicia que estas empresas incrementen sus costos de operación.

La investigación revela también que sólo 10 por ciento de las pequeñas y medianas empresas tiene un código de ética u otras normas para prohibir a sus empleados el pago de sobornos.

El impacto económico es mayor, según el estudio, al considerar que 40 empresas transnacionales coincidieron en que "35 por ciento de la inversión extranjera que decidió no entrar en los últimos cinco años lo hizo por una percepción de alta corrupción y opacidad para generar negocios".

En cuanto a fraudes, 63 por ciento de las empresas han sido víctimas al menos de un ilícito de este tipo.