La llegada del empresario Carlos Ahumada Kurtz, deportado por Cuba, originó la confrontación entre las procuradurías del Distrito Federal y la de la República. El presidente del grupo Quart arribó a territorio mexicano alrededor de las 16:40 horas.
Bernardo Bátiz, procurador capitalino, esperó cinco horas afuera del hangar de la PGR para entregar el oficio de colaboración y la orden de aprehensión que pesa contra Ahumada. Ninguna autoridad federal le abrió las puertas.
El subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Renato Sales Heredia, tuvo que trepar el portón del hangar, para advertir que estaba presente el procurador capitalino.
Gilberto Higuera Bernal, subprocurador regional de Procesos Penales y Amparo de la PGR, se comunicó por lo menos en cuatro ocasiones con Bernardo Bátiz, para asegurarle de palabra que le iban a entregar al empresario.
Sin embargo, funcionarios del gobierno local tuvieron que manifestar su inconformidad ante los medios de comunicación, para que sus homólogos comenzaran a mostrar intención real de entregarles a Ahumada Kurtz.
La entrega se alargó más cuando el presidente del grupo Quart alertó a los elementos de la Agencia Federal de Investigación que lo custodiaban, que se sentía mal.
Durante la diligencia de rutina, Ahumada estuvo asistido por sus abogados Juan y Antonio Collado. También estuvo en el lugar personal del área de Derechos Humanos de la PGR, que se entrevistó con el empresario para verificar el trato que recibió durante su traslado desde Cuba y durante su estancia en el hangar.
Finalmente, a las 21:40 horas Ahumada fue entregado a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para ser trasladado al Reclusorio Norte.
Allí ocupará una celda de alta seguridad; no tendrá un trato especial, pero dada la naturaleza de su caso, fue transferido a un área restringida.
En su celda cuenta con sanitario y un camarote, y constante resguardo; podrá tomar el sol por una hora en un pequeño patio.
Ahumada está acusado de un presunto fraude por 31 millones de pesos. Debido al monto del ilícito, el delito es considerado grave y la pena en prisión va de 5 a 11 años, sin derecho a la libertad condicional.
(Con información de Claudia Bolaños)
