Aunque la fiscalía no difundió los nombres de los presuntos responsables de estos hechos, fuentes oficiales confirmaron que entre las personas acusadas de estos hechos se encuentran los ex directores de la desaparecida DFS, Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno, quienes ya enfrentan cargos por otras desapariciones relacionadas con la guerra sucia.

Miguel Nazar Haro obtuvo el beneficio de enfrentar en su casa los juicios que se le siguen, debido a que tiene más de 80 años.

En cambio, Luis de la Barreda Moreno ha evitado, por diversos medios, ingresar a prisión.

A ambos funcionarios también se les relaciona con la presunta desaparición de diversos integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, considerada en su momento por el gobierno como un grupo guerrillero, entre los que se encontraba Jesús Piedra Ibarra, hijo de la luchadora social Rosario Ibarra.

El fiscal especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, informó en conferencia de prensa que un juez federal con sede en la ciudad de México ?emitió cuatro órdenes de aprehensión, por el delito de privación ilegal de la libertad, en agravio de los ciudadanos mexicanos Daniel Pérez, Francisco Javier Coutiño Gordillo, Sebastián Vázquez Mendoza, Eduardo Candelario Villaburo Ibarra, Bartolomé Pérez Hernández y Andrés Gómez Balanzar, integrantes de la Brigada Campesina de los Lacandones, ilícito cuya perpetración comenzó el 18 de noviembre de 1974?.

De acuerdo con un criterio que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el delito de desaparición forzada o privación ilegal de la libertad se mantiene vigente hasta que la persona secuestrada aparece viva o muerta.

Durante la conferencia de prensa, el fiscal Carrillo Prieto explicó que los integrantes de la brigada, ubicada como un grupo guerrillero, ?con motivo de sus actividades clandestinas fueron detenidos por la Policía Judicial del Estado de Hidalgo, la que los puso a disposición del Ministerio Público local?.

Pero ?el procurador general de Justicia de entonces los entregó, mediante recibo firmado y sin causa ni justificación alguna, a la Dirección Federal de Seguridad, obrando en consecuencia en contra de disposiciones constitucionales y legales que rigen la materia?.

Desde esa fecha ?se desconoce el paradero de estas personas?.

Carrillo Prieto recordó que ?la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su informe sobre estos asuntos del año 2001, destaca éste como paradigma de violación a las garantías individuales?.

En especial, porque ?el entonces procurador de Justicia del estado abdicó de sus potestades e incumplió con sus obligaciones, dando paso, con conocimiento de causa, al negro camino que conduce a la desaparición forzada?.

El fiscal informó que ?con éstas suman 16 las órdenes de aprehensión obtenidas por la Oficina del Fiscal Especial que han de ser cumplimentadas en su totalidad, sin excepción de persona?.