De la decisión que adopten los ministros José Ramón Cossío Díaz, Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero, Sergio Valls Hernández y José de Jesús Gudiño Pelayo, dependerá que después de 34 años se cierre de manera definitiva el caso del llamado Halconazo o que, por primera vez en la historia del país, un ex presidente de la República sea juzgado por un delito.

Los ministros revisarán la resolución que emitió el juez federal César Flores, el 24 de julio de 2004, cuando se negó a girar órdenes de aprehensión en contra de 11 ex funcionarios a los que la fiscalía especial para delitos del pasado acusó de ser responsable del Halconazo, por considerar que el delito prescribió.

La Fiscalía, a través del entonces procurador general Rafael Macedo de la Concha, impugnó la decisión del juez.

El primer argumento señalaba que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, la cual entró en vigor a partir del 2002 en México, prohibe la prescripción del delito de genocidio.

Este punto fue el primer aspecto que analizó la SCJN. Desde el 23 de febrero pasado, en una votación de cuatro contra uno, la mayoría de ministros de la Primera Sala concluyó que si el delito de genocidio se cometió antes del 2002 sí prescribe.

En esa ocasión los ministros analizaron los alcances de la convención y de la Constitución mexicana sin revisar el caso particular de los acusados.

Pero hoy miércoles sí analizarán el caso particular de las acusaciones que formuló la Fiscalía, para determinar, primero, si se configura el delito de genocidio del que se les acusa, y, después, si con base en la legislación mexicana existe alguna causa que permita establecer si ya prescribió o no el ilícito.

Como EL UNIVERSAL adelantó, el ministro José Ramón Cossío Díaz, quien tiene a su cargo la instrucción de este caso, llegó a la conclusión de que sólo Luis Echeverría y Mario Moya pueden ser juzgados por el delito de genocidio.