En la Procuraduría General de la República (PGR) existe un conflicto de intereses que obstaculiza que se cumplan siete órdenes de aprehensión contra ex servidores públicos implicados en la llamada guerra sucia , denunció públicamente Ignacio Carrillo Prieto, titular de la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). En conferencia el funcionario dependiente de la PGR, exigió que se cumplan los mandatos judiciales, cinco de los cuales son en contra de Luis de la Barreda Moreno, ex titular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), aunque se negó a señalar los indicios que tiene y en qué área de la PGR se presenta este conflicto que ha impedido que elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) detengan a los presuntos responsables.
Se le cuestionó si se refería al hecho de que Humberto Castillejos Cervantes es el asesor del titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, e hijo de Marcos Castillejos, abogado defensor de De la Barreda Moreno. El funcionario rechazó hacer comentarios y dijo que desconoce hasta dónde llega el conflicto de intereses del que tiene indicio. Sólo indicó: "¡Basta!, el Estado mexicano es el responsable de estas aprehensiones (?) no son robavacas, se trata de crímenes de lesa humanidad, y se pone a prueba la voluntad política del Estado mexicano, por lo que exigimos que se cumplan las siete órdenes de aprehensión".
Se refirió así a las órdenes que existen contra De la Barreda Moreno, la primera de la cuales se giró el 5 de diciembre de 2003; y dos más contra el ex procurador del estado de México, Miguel Galindo Camacho, y el ex director de la Policía Judicial de Nuevo León, Carlos Solana Macías, quienes son buscados desde 2004 por privación ilegal de la libertad. EL UNIVERSAL solicitó a la PGR una posición oficial, sin obtener respuesta.
